La Junta retiró más de medio millar de licencias de pisos turísticos en Córdoba durante el año pasado
La Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba ha eliminado un total de 506 licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la provincia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Los datos del año pasado evidencian un endurecimiento de los controles administrativos sobre este tipo de alojamientos y un aumento significativo respecto al ejercicio anterior.
Del total de licencias retiradas, 119 se eliminaron a instancias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), mientras que el resto se cancelaron bien por incumplimientos de la normativa vigente o a petición del propio propietario del inmueble, que solicitó la baja voluntaria del registro turístico.
Desde la Delegación de Turismo han precisado que no existe un registro ni una contabilización detallada de las solicitudes de licencia actuales, por lo que el número facilitado responde a permisos ya concedidos que han sido retirados y que, por tanto, no pueden comercializarse.
Las suspensiones crecen un 39% en un año
El balance de 2025 supone un incremento notable en comparación con el año anterior. En 2024, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía suspendió 365 licencias de viviendas de uso turístico en la provincia de Córdoba entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. La diferencia interanual es de 141 licencias más retiradas, lo que representa un incremento cercano al 39 %.
Este aumento se produce en un contexto de refuerzo de la vigilancia sobre el parque de viviendas turísticas, tanto desde el punto de vista urbanístico como turístico, y coincide con una mayor coordinación entre administraciones para combatir la oferta que opera al margen de la legalidad.
En este sentido, el pasado mes de octubre, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba anunciaron que harían frente común para identificar y retirar del mercado las viviendas de uso turístico que funcionen en situación irregular. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, suscribieron entonces un convenio de colaboración que establece los mecanismos de cooperación entre ambas instituciones en la lucha contra los pisos turísticos ilegales.
Dicho acuerdo contempla el intercambio de información, la coordinación de inspecciones y la actuación conjunta para detectar alojamientos que no cumplan con los requisitos exigidos por la normativa andaluza, con el objetivo de depurar el registro oficial de VUT y garantizar que la actividad turística se desarrolla dentro de los márgenes legales.
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