El Ayuntamiento de Córdoba y la Junta perseguirán coordinadamente los pisos turísticos que estén fuera de la legalidad

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba harán frente común para identificar y sacar del mercado a las viviendas de uso turístico (VUT, según la acepción normativa andaluza) que estén operando en situación irregular. Este martes, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, han suscrito el convenio que establece cómo será la cooperación entre ambas instituciones en la lucha contra los pisos turísticos ilegales.

Ahora, tras la firma del protocolo, no se han dado datos ni estimaciones de cuántos pisos turísticos hay en Córdoba fuera de la legalidad. La letra pequeña del convenio ya se conocía, puesto se pasó a la prensa hace seis meses (pueden leerlo aquí), por lo que este martes lo que ambas instituciones han querido enfatizar ha sido que la vivienda turística como fenómeno no es “un problema para la convivencia”, ni tiene “relación con la subida del alquiler”.

En ese ámbito, el más tajante en sus críticas ha sido el consejero, Arturo Bernal, que no solo ha negado que haya relación entre la subida de los precios del alquiler en las grandes capitales andaluzas con la explosión del fenómeno de la vivienda turística, sino que ha culpado directamente de lo primero a la ley estatal de vivienda, que ha calificado de “fiasco legislativo”. “Me uno a la idea de que el turismo no es el culpable de que no haya vivienda de alquiler en España”, ha insistido Bernal.

Según sus datos, desde que en Andalucía entró el vigor el decreto que introducía parámetros de calidad para las VUT, en febrero de 2024, se han retirado en Córdoba capital un total de 593 licencias de pisos turísticos (que se elevan a 695 a nivel provincial) que no cumplían con los requisitos fijados. A esta labor inspectora, que ahora además contará con el apoyo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, se unirá también el Grupo Titán (Trazabilidad e Inspección Turística de Andalucía) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), un cuerpo especializado que reforzará la seguridad jurídica, la calidad y la sostenibilidad del sector turístico en la comunidad.

Bernal, además, ha recordado que, cuando vio la luz el decreto, la ciudad de Córdoba no estaba dentro del grupo de capitales más comprometidas por el auge del fenómeno y tenía mucho margen de crecimiento, si bien la normativa le ha dado herramientas a los ayuntamientos para que sean ellos los que decidan “cómo abordar este fenómeno”. Hoy, la ciudad se suma a un convenio que han suscrito ciudades como Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Almería, el Puerto de Santa María o Jerez.

Un nuevo mapeo de la situación en 2026

En esa misma línea se ha pronunciado el alcalde de Córdoba, que ha recordado que el Ayuntamiento encargó un estudio previo a la toma de decisiones que reveló que el impacto de la vivienda turística a nivel global era mínimo, aunque superior al 5% en algunos barrios (y con situaciones graves como el 40% en la zona de la Judería y la Mezquita).

En base a ello, se promulgó la moratoria que impide expedir nuevas licencias en todo el distrito centro y el distrito sur de la ciudad, al tiempo que Urbanismo se valía de la nueva normativa autonómica para impedir también nuevas autorizaciones fuera de estos dos distritos para cualquier nueva vivienda turística que no tuviera acceso independiente al del bloque comunitario.

A esas dos medidas, se ha sumado este convenio, con el que el Ayuntamiento comenzará a colaborar con la inspección de turismo para neutralizar las “viviendas piratas, fuera del radar de las administraciones y que no tuvieran requisitos mínimos de calidad”.

Además, ha adelantado que en 2026 volverán a encargar un nuevo estudio para ver los efectos que ha tenido la moratoria en el parque de viviendas y para determinar si hay otros barrios donde este fenómeno haya crecido por encima de lo deseado y haya que tomar medidas.