La Junta recibe 19 reclamaciones de compañías eléctricas por facturas desproporcionadas en Córdoba
El Gobierno andaluz ha recibido 350 reclamaciones de compañías eléctricas por “facturas desproporcionadas” en los últimos doce meses, 19 de ellas en Córdoba, según ha puesto de manifiesto la Consejería de Hacienda y Financiación Europea en una respuesta a una pregunta parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía sobre reclamaciones desproporcionadas de compañías eléctricas.
El Gobierno andaluz, según ha dado cuenta en una respuesta publicada por el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) fechada en septiembre de 2021, identifica las reclamaciones recibidas de las compañías en siete de las ocho provincias andaluzas: Almería, 140; Cádiz, 54; Córdoba, 19; Granada, 50; Huelva, 48; Jaén, 21; Málaga, 18.
El Ejecutivo autonómico ha explicado en su respuesta a la pregunta escrita que “estamos ante una problemática muy casuística” por cuanto ha asegurado que “resulta difícil establecer criterios generales que resulten aplicables a la multiplicidad de problemas concretos que pueden plantearse”.
En su relato de los hechos, la Consejería de Hacienda ha apuntado que las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada provincia “son los órganos competentes para las resoluciones en el ámbito de energía cuando se interpone una reclamación de este tipo”, de manera que proceden a “la apertura de expediente y las comunicaciones necesarias con la empresa suministradora para esclarecer y resolver la reclamación”, un procedimiento que se ajusta al Real Decreto 1955/2000, regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Pese a ser las Delegaciones del Gobierno la primera ventanilla de la Administración a la que se deben dirigir las empresas, la Consejería de Hacienda explica que “la Dirección General de Energía ha trasladado a dichas delegaciones algunos criterios relativos a los plazos de prescripción que tienen las suministradoras eléctricas para facturar la energía no facturada, por presunto fraude o anomalía”.
El Gobierno andaluz explica que “la Dirección General de Energía mantiene reuniones periódicas con las principales distribuidoras de Andalucía a fin de conocer de sus actuaciones en esta materia”.
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