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La Junta dice que el nuevo sistema de atención a la Dependencia permite más visitas

La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba, Dolores Sánchez.

Redacción Cordópolis

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La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Córdoba, Dolores Sánchez, ha destacado este viernes que el Gobierno andaluz está realizando un “cambio profundo y necesario” en el sistema de atención a la Dependencia, después de 18 años de la entrada en vigor de la Ley, ya que “el sistema nunca ha funcionado y además ha quedado obsoleto”, como así advertían los propios profesionales, que ahora en Córdoba pueden hacer más visitas, pasando de 1,8 a tres por día.

Ello se ha logrado, según ha resaltado en rueda de prensa, a pesar de que “la prórroga este año de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha supuesto 22 millones de euros menos para la Dependencia en la provincia”, lo cual “ha agravado aún más la infrafinanciación que sufre Andalucía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez”.

La delegada ha defendido que lo que está haciendo la Junta con la Dependencia, en este contexto, es una “reforma estructural que requiere tiempo”, y ha resaltado como avances el que “se libera a los profesionales de tareas administrativas para que se centren en las visitas a las personas y los expedientes de valoración”, de modo que “esta simplificación del sistema hará posible pasar de una media de 1,8 visitas diarias a tres, con el objetivo de reducir la lista de espera”.

La delegada ha aclarado que hasta la entrada en vigor del nuevo sistema, el valorador de la Junta establecía el grado de dependencia de la persona solicitante (1, 2 ó 3). Tras este trámite, el interesado recibía un Plan de Atención Individualizado (PIA), para establecer el recurso asignado a la persona según su situación: plaza en una unidad de estancia diurna, en una residencia, o la ayuda a domicilio, entre otras prestaciones. “El Gobierno andaluz lo que ha hecho es reducir todos estos pasos a una sola visita, lo que significa menos molestias y más agilidad”, según ha remarcado la delegada.

La Junta está formando a los profesionales para llevar a cabo este nuevo procedimiento y está renovando las herramientas con las que cuentan para hacer su trabajo. A este respecto, Sánchez ha puesto el acento en que “se va a pasar de cinco sistemas aplicativos informáticos a uno solo, para agilizar los trámites y así reducir la lista de espera”. Para ello, se apuesta por un procedimiento más sencillo que aprovecha las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías.

Por otro lado, la delegada ha hecho hincapié en que Andalucía “está infrafinanciada por el Gobierno de España”, y ha recordado que “la deuda del Gobierno de Pedro Sánchez con las personas en situación de dependencia en la comunidad asciende a 4.000 millones de euros desde que Juanma Moreno gobierna” en Andalcía.

Sánchez ha señalado que “estos 4.000 millones son la diferencia de la cantidad que ha puesto la Junta para sostener el sistema respecto a la aportación del Gobierno central, cuando la Ley deja claro que Estado y comunidades autónomas tienen que destinar el 50% cada una”.

Esta “infrafinanciación”, según ha argumentado, “cobra más peso en Andalucía porque es la comunidad que gestiona el sistema de atención a la Dependencia más grande e importante de España”, como comunidad más poblada. Uno de cada cinco dependientes reside en Andalucía y siete de cada diez euros lo sufraga la comunidad autónoma andaluza.

Pero es que, además, “esta infrafinanciación se ha agravado aún más por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que ha supuesto un recorte de más de 200 millones en Andalucía y 22 en Córdoba, lo que demuestra que el Gobierno de España considera a los andaluces de segunda, frente a Cataluña o País Vasco, que sí reciben la mitad de los fondos para financiar el sistema”. En 2023, “la financiación autonómica para Dependencia ascendió a 1.203 millones, por parte del Gobierno andaluz, frente a 720 millones, correspondientes al Gobierno central”.

Dolores Sánchez ha ejemplificado que el coste medio en una residencia para una persona mayor en situación de dependencia grado 2 es de 1.749 euros, de los que “el Gobierno aporta 130 euros (7%), mientras que la Junta pone 1.619 euros (97%)”, de modo que “los datos objetivos dejan muy claro que el sistema de Dependencia de Andalucía necesita del compromiso y la financiación del Gobierno de España”.

La voluntad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, según ha asegurado, “es cumplir con los plazos marcados por la Ley”, pero “el incumplimiento sistemático de la Ley durante todos los años de administración socialista” en Andalucía “ha provocado que ahora haya que gestionar años y años de retraso acumulado”. A este respecto, ha subrayado que “no vamos a dejar a nadie atrás y se van a resolver todos los expedientes, porque detrás de cada uno de ellos hay personas y familias”.

Prestaciones y beneficiarios

Dolores Sánchez ha señalado que desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta “en Córdoba hay más prestaciones y beneficiarios que nunca”. En concreto, se atienden a 31.501 personas y hay asignadas 48.103 prestaciones. De hecho, “el número de personas beneficiarias de la Dependencia en la provincia se ha incrementado un 42% respecto al cierre de 2018, con 9.253 personas beneficiarias más en la actualidad”.

Por su parte, “las prestaciones se han incrementado un 63% desde 2018, lo que equivale a 18.567 prestaciones más”, destacando además la delegada que, “desde 2019 se han creado 418 nuevas plazas en la provincia para atender a personas en situación de dependencia, una cifra sin precedentes”.

Por último, ha indicado que “el precio de ayuda a domicilio, que durante 13 años ha estado congelado, ha experimentado un incremento con el actual Gobierno andaluz del 24,2%”, y además, “el precio que abona la Junta para sostener las plazas concertadas ha crecido un 21%, en lo que respecta a mayores, y un 24%, en lo que respecta a las personas con discapacidad”.

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