Alertan de un “retraso” de “tres meses” en el pago del servicio de ayuda a domicilio a los ayuntamientos

La diputada socialista en la Diputación de Córdoba Carmen Pozón ha alertado este martes sobre “el retraso por parte del Gobierno del PP que dirige” la institución provincial “del pago de los ingresos correspondientes a los ayuntamientos para que pueden prestar el servicio de ayuda a domicilio, un abono que les adeuda desde hace tres meses, ya que el último que liquidó fue el mes de junio”.

Según ha indicado el PSOE en una nota, Pozón ha afirmado que “los ayuntamientos de la provincia de Córdoba no están recibiendo los ingresos correspondientes a la liquidación del servicio de ayuda a domicilio por parte de la Diputación que dirige el popular Salvador Fuentes”, ya que “el último se abonó en el mes de julio correspondiente a la liquidación del mes anterior, junio, y hasta la fecha los consistorios no han recibido ningún ingreso”.

Para la socialista, “este retraso está perjudicando las arcas de los gobiernos locales en tanto en cuanto tienen que adelantar recursos para hacer frente a los costes de este servicio básico para la atención a nuestros mayores y que crea muchos puestos de trabajo, en el 99 por ciento de los casos de empleo femenino”.

Por ello, ha instado al Gobierno del PP y al Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) a que sea “sensible a la mayor rapidez posible con cuestiones de primera necesidad y realice todos los pagos correspondientes a las liquidaciones del servicio a domicilio”.

Pozón ha señalado, además, la petición realizada por el Grupo Socialista para que la Diputación “amplíe y extienda los contratos sociales del IPBS al mes de noviembre a través de una modificación de crédito de las cuentas de la Diputación para inyectar 300.000 euros extras a la partida de 2,2 millones de euros que cuenta el plan de contratos del IPBS y que se agotaron antes del verano”.

Se trata de “una operación financiera que se ha utilizado desde que existe el programa por todos los gobiernos anteriores de la entidad supramunicipal para garantizar que los ayuntamientos de la provincia pudieran realizar contratos sociales en otoño y ayudar a las familias que más lo necesitan”.

En este sentido, ha explicado que “los contratos sociales del IPBS están dirigidos mayoritariamente a parados de larga duración, familias con bajos ingresos, numerosas y monoparentales, entre otros, en los que la Diputación pone al servicio de los ayuntamientos 2,2 millones de euros al año para que los asistentes sociales de los consistorios valoren a los solicitantes y sean contratados si cumplen los requisitos, un contrato en el que la entidad supramunicipal pone 1.000 euros, la cantidad del SMI, y los ayuntamientos corren con el gasto de la seguridad social y, si tienen capacidad, aumentan la base del salario”, ha apostillado la socialista.