También en ‘stand by’: la larga espera para el juicio de González contra León

Su futuro continúa en el aire. Quizá parezca una afirmación dura pero no deja de estar conforme a la realidad. Básicamente porque todavía es necesario conocer en qué va a quedar todo. De entrada, como es bien sabido, Infinity -a través de Unión Futbolística Cordobesa (UFC)- aguarda una resolución definitiva acerca de la compra de la unidad productiva de la entidad. En que dicho proceso va a obtener firmeza jurídica tiene total confianza la sociedad con inversión del grupo de Baréin. También en la inscripción de sus derechos por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Pero éste no es el único frente abierto en relación directa con el devenir del club. No en vano, en stand by se encuentra otro procedimiento. Es el referido a la propiedad del Córdoba CF SAD, un asunto en vía judicial por el cual esperan Carlos González y Jesús León. Sobre todo lo hace el primero, que discute la pertenencia del anterior ente.

Como ocurre en otros muchos litigios, y no sólo en ligazón con el cuadro califal, éste permanece enquistado -por decirlo coloquialmente- desde enero. La razón no es otra que la acumulación de trabajo provocada por la pandemia de Covid-19. En concreto, por la inactividad generada por el estado de alarma con motivo de dicha emergencia sanitaria, que duró desde mediados de marzo hasta, a nivel operativo, la semana final de mayo. Lo cierto es que iniciado el mes de julio Carlos González mantiene su larga espera para el juicio contra Jesús León. Para tal pleito no existe todavía una fecha, y eso que la primera vista del proceso tuvo lugar el 28 de enero. Fue entonces cuando las dos partes, Azaveco (González) y Aglomerados Córdoba (León), fueron citadas en el Juzgado de Primera Instancia número 102 de Madrid.

Aquella vista fue un paso previo al juicio pues en ella lo que pretendía Carlos González era obtener medidas cautelares contra el montoreño. El origen del litigio está, como es aconsejable recordar, en el impago por parte de Jesús León de la última cantidad de la compraventa del Córdoba CF SAD. Corresponde tal hecho al 31 de julio de 2019, con una cifra de 4,5 millones. La titular del Juzgado de Primera Instancia número 102 de Madrid dictó auto a favor del tinerfeño el 5 de febrero. Aquella decisión judicial supuso el embargo preventivo de bienes y patrimonio del cordobés, que quedó en nada meses después. El canario debía ingresar un millón de euros a modo de fianza y lo hizo pero con motivo de la pandemia de Covid-19 y la falta de actividad económica durante este período optó por reclamar la devolución -la cual tuvo lugar en mayo-.

Pese a que comienza a ser demasiado extensa, el tinerfeño permanece con paciencia -hasta cierto punto-. Más que nada, o muy probablemente, porque confía, como dijo en más de una ocasión a CORDÓPOLIS, en alcanzar el triunfo judicial. La citada vista de enero se produjo, por completar el contexto, apenas un par de semanas después de que Carlos González fuera nombrado presidente del Córdoba CF SAD en una junta general extraordinaria de accionistas convocada precisamente por él -por Azaveco en realidad-. Aquel fue otro de los pasos del canario para retomar el control de la entidad, que en teoría se encuentra vacía de contenido tras la venta de la unidad productiva. Sin embargo, esa operación tiene que ser confirmada definitivamente, como se sabe.

Este último aspecto es el que centra la mayor parte de la atención del entorno del club. Así es desde que Antonio Fuentes, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1, fuera recusado en febrero. Suyos fueron los autos de la apertura del segundo concurso de acreedores del Córdoba CF SAD y la venta de la unidad productiva. La validez de los mismos está en el aire mientras un nuevo juez no tome una decisión al respecto, para lo que antes debe el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramiento. Desde mayo aguarda precisamente Infinity -y por ende UFC- una decisión del máximo órgano judicial de España, que tiene la propuesta de Fernando Caballero por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En este sentido, la postura desde el primer momento de Carlos González es que la inscripción de la sociedad en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no se va a dar por estar fuera de normativa. Por el contrario, el actual órgano rector de la entidad mantiene su plena confianza en la continuidad de su proyecto.