Juicio Carlos González

Luis Carrión y Jorge Romero, los rostros de una sesión marcada por la defensa de los dividendos del Córdoba CF

La Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este miércoles la cuarta sesión del juicio a Carlos González, marcada en su plano deportivo por las testificales de los exentrenadores Luis Carrión y Jorge Romero, quienes han reafirmado el papel decisorio del empresario blanquiverde. Ambos técnicos han evidenciado ante el tribunal que el máximo accionista seguía dirigiendo la entidad de forma efectiva y negociando las condiciones contractuales en 2017, a pesar de que su hijo, Alejandro González, ocupara formalmente el cargo de presidente del club.

En la vertiente económica, la jornada ha contado con la declaración clave por videoconferencia de Iván Zaldúa, asesor fiscal y secretario del consejo de administración desde 2017 hasta la venta de las acciones. Zaldúa ha servido de escudo jurídico para la gestión contable de González al defender la absoluta corrección de las operaciones bajo sospecha y justificar, basándose en una situación de solvencia holgada, el polémico y millonario reparto de dividendos realizado por la sociedad.

Luis Carrión y Jorge Romero apuntan a Carlos González

El bloque de testimonios deportivos aportó luz sobre el funcionamiento interno y la jerarquía real en los despachos del club. Luis Carrión explicó que negoció sus condiciones directamente con Carlos González y que este “estaba al tanto de todo”, aunque matizó que en el día a día su interlocutor habitual no era el mandatario, que residía en Madrid, sino el director deportivo, Álex Gómez: “Se acababa hablando de los perfiles de jugadores que yo quería con el director deportivo, que era quien estaba más a mano”.

Mucho más rotundo se mostró Jorge Romero, quien dirigió al primer equipo entre el 5 de diciembre de 2017 y el 12 de febrero de 2018. El técnico cordobés aseguró que fue Carlos González quien le propuso el cargo y negoció su contrato, obviando la figura del presidente formal: “Yo con quien trataba y con quien sentía que era el presidente era don Carlos (González)”. A la pregunta de si el padre fue la referencia constante en las decisiones estratégicas de aquel curso, Romero respondió sin dudar: “Sí, sin duda”.

El reparto de dividendos, “inadecuado” para el CSD pese a cumplir los requisitos

Sobre el reparto de dividendos de 2016, una de las operaciones centrales y por las que ha preguntado la Fiscalía a lo largo del juicio, Zaldúa ha declarado que se informó al Consejo Superior de Deportes (CSD), que los auditores analizaron el estado de caja y que la distribución se hizo “de manera correcta”, sin impugnación de minoritarios ni de terceros. El testigo ha reconocido, no obstante, que el CSD envió una comunicación “bastante curiosa”: el organismo confirmaba por escrito que se cumplían los requisitos legales, pero consideraba “inadecuado” el reparto porque el drenaje de recursos no se correspondía, a su juicio, con la situación financiera del club.

Para Zaldúa, sin embargo, esa objeción era “conceptual”. Ha defendido que repartir dividendos en una sociedad anónima deportiva (SAD), aunque poco habitual, es “perfectamente válido”, y ha sostenido que el Córdoba fue uno de los primeros clubes en hacerlo, antes de que la práctica se repitiera en otras entidades. A su juicio, la SAD afrontó la operación en una situación de solvencia “holgada” pese a encontrarse en fase de cumplimiento del concurso previo, y ha recordado que siguió pagando sus deudas hasta la venta de las acciones: “El club se saneó entero”.

El interrogatorio repasó después, una por una, las demás operaciones que figuran en la causa -entre ellas el préstamo de 1.120.000 euros que la sociedad de Salvador Sánchez concedió a González a título personal, la factura de Azaveco o los contratos de scouting con Football Management-, y en todas ellas Zaldúa defendió su corrección y negó que existiera irregularidad alguna. A su juicio, ninguna de esas operaciones supuso “un menoscabo” para el patrimonio del club. Eso sí, en pleno repaso, el presidente del tribunal tuvo que interrumpir a la defensa para recordar que no se juzga “la gestión global” de González, sino hechos y contratos concretos, y pidió a las partes ceñirse a ellos.