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La Junta asegura que revisará los expedientes en los que trabajó el inspector condenado

Edificio administrativo de la Junta de Andalucía

Alejandra Luque

4 de junio de 2026 20:04 h

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La Junta de Andalucía ha confirmado a este periódico que llevará a cabo una revisión de los procedimientos en los que intervino el inspector condenado pro proponer sexo a cambio de ayudas públicas, después de la sentencia adelantada por este periódico.

Fuentes del Gobierno andaluz han señalado a Cordópolis que el trabajador ostentaba la categoría de personal laboral y no tenía la potestad de firmar las resoluciones finales de las ayudas. Como inspector de campo del Servicio de Control e Inspección de la Consejería de Agricultura, se encargaba de la verificación técnica y de auxiliar en la redacción de los informes de idoneidad que sí elaboraba un funcionario.

Hay que señalar que estos informes eran el paso previo y necesario para que después se adjudicaran o denegaran las subvenciones. En el caso que le ha valido la condena al procesado, se trataba de la petición de una ayuda de la PAC a la propietaria de un olivar a donde se trasladaron los dos inspectores para cerciorarse de si la finca en cuestión estaba en desuso.

Estas mismas fuentes han asegurado que el inspector “fue despedido” en cuanto se tuvo conocimiento de la denuncia. Ahora, con la sentencia firme tras la resolución del Tribunal Supremo, se pretende profundizar en su historial laboral para confirmar que el resto de los expedientes en los que trabajó cumplen con la legalidad.

Contexto de la condena

El alto tribunal español acaba de confirmar que este trabajador, que procedía de Sevilla, utilizó su cargo en 2018 para presionar a la hija de la propietaria de una finca de olivar. Tras una inspección de campo, el hombre obtuvo el teléfono de la víctima y le propuso, a través de mensajes de WhatsApp, “arreglar” el expediente de su madre a cambio de mantener relaciones sexuales.

El Supremo ha ratificado para él una pena de un año de prisión y seis años de inhabilitación para cualquier cargo público, rechazando los argumentos de la defensa que intentaban calificar su comportamiento como una “broma”.

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