Las cartas que precipitaron el cese del exgerente del IMAE y la fractura en los teatros de Córdoba

El juicio por el cese de Carlos Aladro como gerente del IMAE, que ha quedado visto para sentencia, no ha conseguido despejar algunas de las grandes incógnitas que rodearon su salida de los teatros de Córdoba: ¿quién redactó, en nombre de la plantilla, la carta que recibió la concejala de Cultura, Isabel Albás, y por qué medio se le hizo llegar?
La vista de este viernes no sirvió para que dos de las tres personas que firmaron la carta aclararan ante la jueza todas las dudas que hay en torno a aquel texto, en el que se amparó Isabel Albás cuando justificó el cese de Carlos Aladro.
Para empezar, una de las cuestiones más curiosas del juicio, ha sido descubrir que había no una, sino dos cartas, ambas con un texto prácticamente idéntico y que, presuntamente, le entregaron el 6 de febrero a la concejala de Cultura y presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), Isabel Albás, señalándole que el comportamiento del gerente de los teatros de Córdoba, el dramaturgo Carlos Aladro, estaba generando un conflicto con los tres directores de área, Ana Linares, Francisco J. Montero y Dolores Barba.
El abogado de Carlos Aladro, Enrique García Montoya, pone en duda la fecha de entrega, ya que estas dos cartas son los únicos documentos del expediente de cese que no tienen rastro electrónico. En ese sentido, tras mostrar sendas cartas a este periódico, indica que, normalmente, cualquier documento que se incorpora a un caso de esta naturaleza, se mete en el sistema de verificación municipal y enseña que no es el caso de estas dos cartas, que sí que están firmadas digitalmente el día 6 de febrero.
La carta o las cartas son importantes para Carlos Aladro en tanto a que Isabel Albás las usó para justificar su cese. Y su abogado sospecha que pudieron ser elaboradas ad hoc. También a nivel personal, ya que Aladro se enteró de su existencia el 8 de febrero de 2024, cuando ya habían sido filtradas a una emisora de radio (una filtración en la que, desde el entorno de Isabel Albás, aseguraron no tener nada que ver).
Y, en última instancia, las cartas son importantes porque provocaron que una parte de la plantilla se rebelara contra la directiva y los representantes sindicales y enviara otro escrito a la presidenta del IMAE indicándole que, ni habían sido consultados a la hora de redactar aquel texto que supuestamente les representaba, ni estaban de acuerdo con las acusaciones vertidas por la cúpula directiva contra Aladro.
“No recuerdo quién la escribió”
En el juicio quedó claro, eso sí, que de la carta había tres responsables directos: la directora de programación, Ana Linares, el director técnico, Francisco J. Montero, y el delegado sindical José Luis Llanero, que la firmó en nombre de la plantilla. Con Linares de baja por depresión, fueron los dos últimos los que ratificaron ante la jueza su autoría.
Eso sí, pese a la gravedad de los hechos descritos y la importancia del movimiento que dieron, ninguno recordaba quién fue el o la autora material del texto. “No recuerdo quién se sentó a escribirla”, respondió Llanero directamente a preguntas de la magistrada, ante la que reconoció que no hubo consulta previa a la plantilla, aunque defendió que, como delegado sindical, tenía facultad para representar a los trabajadores.
Tampoco supo Llanero aclarar cómo o cuándo se escribió la segunda carta, que firmaron en exclusiva él mismo y el otro delegado sindical, y que presuntamente también se la hicieron llegar a Albás.
Según sus cuentas ante la jueza, había no menos de siete personas que estaban de acuerdo con la carta que pedía el fin de la etapa de Aladro al frente del IMAE, donde solo llevaba cinco meses. El resto de los casi 30 trabajadores estaba dividido entre quienes apoyaban a Aladro públicamente, quienes afeaban sus comportamientos en privado, y quienes se mantuvieron neutrales.
Sea como sea, dos días después del presunto envió de las cartas a la presidenta del IMAE, Carlos Aladro fue cesado del puesto al que había accedido tras ganar un concurso público. El caso ha acabado en los tribunales, donde se escenificó este viernes que las heridas que se abrieron en aquellos días de febrero de 2024 aún no se han cerrado en el organismo que gestiona los teatros de Córdoba.
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