UGT no estará en los planes de choque si el dinero público se usa para paliar “la ineficacia empresarial”

UGT ha dirigido al Ayuntamiento de Córdoba y a la Diputación Provincial un documento con los principios esenciales para su presencia en cualquier mesa de concertación en el que afirma que “este sindicato no va a ser ni cómplice, ni partícipe, ni pantalla, ni siquiera mero espectador silente del uso del dinero público en nada que no cumpla” las condiciones que se recogen en su texto, entre las que se encuentra “el mantenimiento de las condiciones laborales previas a la situación de crisis que justifica la intervención pública en el marco económico”.

El documento, titulado En defensa de las personas y su derecho a la dignidad en el trabajo, se rige con el criterio de que “cualquier actuación que pretenda llevar el aval de UGT tiene que reunir, imprescindiblemente, medidas para proporcionar una red social y económica que proteja a las personas y sectores más vulnerables”.

Bajo el mandato del Programa Fundamental de UGT, aprobado en su 42º Congreso Confederal, la dirección provincial del sindicato mayoritario en la provincia y en la ciudad de Córdoba establece quince puntos desde la perspectiva de que “ha llegado el momento de enfatizar ‘la estrategia de presión y de negociación y la capacidad propositiva’ en Córdoba, donde la patronal ha manifestado de manera clara y diáfana su intención de aprovechar esta nueva crisis para aprovecharse de la necesidad de la clase trabajadora para eludir su responsabilidad social”.

La organización ugetista teme que la patronal, dados los antecedentes manifestados y no rectificados, vaya a “utilizar de nuevo la situación, como ya hizo en la crisis financiera de 2008, para beneficiarse a costa del sacrificio de quienes suponen el sustento de su actividad, los trabajadores y trabajadoras”.

El texto se dirige a “las instituciones públicas que han tenido la iniciativa de convocar mesas de concertación para afrontar con recursos públicos” medidas para afrontar “la mayor crisis económica que ha conocido España desde la de la posguerra del conflicto provocado por la sublevación militar de 1936”, generada por “la tremenda crisis sanitaria, la pandemia que ha azotado a todo el mundo”.

Para UGT es preciso el “respeto absoluto a la dignidad del trabajo”, la “renuncia a la degradación del trabajo con el objetivo de reducir el coste del factor salarial como fórmula para aminorar el impacto de la crisis en el empleo”, la “asunción del fundamento de que el trabajo no puede ser en ningún caso una fuente de marginación social” y la “aplicación del principio del reparto del trabajo en las ofertas de empleo público que tengan carácter de rotación”.

En todo caso, se expresa la necesidad de que se asegure que “cualquier acción en la que se vea implicada de cualquier manera una institución pública tiene que garantizar, al menos, el mantenimiento de las condiciones laborales previas a la situación de crisis que justifica la intervención pública en el marco económico”.

UGT hace especial incidencia en el uso de recursos públicos como un elemento dirigido a evitar profundizar en “la histórica condición de inferioridad económica, política y jurídica de la clase trabajadora”.

Para ello, el sindicato reclama la “seguridad de que el dinero público no es empleado para remediar la ineficacia y la ineficiencia de la gestión empresarial y ni que se utilice para consolidar un sistema de empresas ineficientes que se mantienen a costa del sacrificio, cuando no la explotación, de su fuerza de trabajo”.

Con la intención de obtener la certeza de que el dinero público no es desviado con este fin ni que va a financiar a empresas que perjudiquen las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadores previas a la crisis, UGT articula en sus principios esenciales para su presencia en cualquier mesa de concertación dos mecanismos.

Por una parte, el establecimiento de “un sistema de evaluación previo y vinculante” de cualquier acción que se conlleve el uso de recursos públicos, mediante cualquier fórmula que se utilice para emplear dinero público, y, por otra, la implementación de “un sistema de control de cumplimiento de las condiciones establecidas” para su concesión, dotado de “capacidad de denuncia de los requisitos ante los órganos de la institución pública correspondiente”, con el objetivo de que, en caso de incumplimiento, sea obligada “la puesta en marcha de los procedimientos de reintegro”, con la presencia de representación ugetista en ambos órganos.

Con esta iniciativa, UGT se muestra dispuesta “a batallar porque (esta crisis) no la paguen los trabajadores y las trabajadoras y defender que el dinero público no se utilice ni para solventar ni la ineficacia y la ineficiencia del empresariado ni para engrosar sus beneficios, absolutamente legítimos y necesarios para el funcionamiento de una economía de mercado como en la que nos desenvolvemos, a costa de un nuevo sacrificio de la clase trabajadora, como sucedió en la anterior crisis económica, principal origen de la precariedad y ausencia de calidad del empleo que hoy sufrimos”.