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Un juzgado de Córdoba investiga una macroestafa de pólizas de seguros que afectaría a más de 2.300 personas

Ciudad de la Justicia

Alejandra Luque

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El Juzgado de Instrucción número 4 está investigando una macroestafa de pólizas de seguro de vehículos que, por el momento, afectaría a 2.3452 personas en toda España. En esta causa están investigadas ocho personas por los delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil y por posibles delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El proceso, que se incoó en julio de 2019, no tendría ramificaciones en el extranjero.

Según ha podido saber este periódico, Instrucción 4 buscó inhibirse en favor del Juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional, pero el Tribunal Supremo ha fallado que debe ser el juzgado cordobés, presidido por el magistrado José Luis Rodríguez Lainz, el que tiene que hacerse cargo de la investigación, que ya estaría muy avanzada.

Los investigados habrían ofertado a través de anuncios en distintos portales de internet la contratación falsa de pólizas de seguro de vehículos. La organización simulaba intervenir en nombre de la aseguradora Caser y las víctimas estarían distribuidas por diferentes puntos de España.

El juzgado ha fijado de momento en 2.352 las personas afectadas, aunque podrían ascender según iniciales estimaciones policiales a 3.464 personas, cifrando la cuantía total de lo defraudado en un importe aproximado de 705.600 euros (a razón de 300 euros por póliza contratada). No obstante, estos datos aún estarían por certificarse ya que, en la cuestión de competencia negativa entre ambos juzgados -dirimida ya por el Supremo-, el Central de la Audiencia Nacional indicó que la cantidad defraudada es de 121.790 euros al tomar como base un informe pericial a razón de 31 euros por póliza contratada.

En su auto, el Supremo ha fallado que aunque el número de perjudicados es elevado, la cuantía económica que se sugiere defraudada, aun atendiendo al mayor de los importes reseñados, no puede entenderse susceptible de poner en riesgo la economía nacional ni afectar gravemente al tráfico mercantil, motivos por los cuales la causa podría ser investigada por la Audiencia Nacional. Además, dicha cantidad se encuentra muy lejos de los 7.000.000 euros que ha fijado tradicionalmente la Sala de lo Penal del Supremo como criterio orientativo para que la causa sea tratada en el tribunal español que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional.

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