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J. M. Ayala

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La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, y su homóloga de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, han inaugurado este jueves en el Colegio de la Abogacía de Córdoba el último de los once cursos organizados por ambas consejerías en colaboración con los colegios profesionales para formar a los letrados y letradas del turno de oficio especializado que atienden las víctimas de violencia de género. Durante los meses de octubre y noviembre se han celebrado once cursos en los que han participado casi 3.000 profesionales.

Las mujeres víctimas de violencia de género requieren una atención especializada desde el momento de la denuncia, así como durante todo el proceso que va más allá del mero asesoramiento jurídico, ya que los abogados y abogadas que las asisten se convierten muchas veces en un apoyo psicológico y emocional para ellas. Por eso, el año pasado, las consejerías de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y de Justicia, Administración Local y Función Pública pusieron en marcha esta formación especializada en colaboración con los colegios.

Junto a la participación de profesionales de la Judicatura, la Fiscalía y la Abogacía especializados en violencia de género, este año se han duplicado los ponentes para contar con técnicos que trabajan en los distintos recursos y servicios de la Junta que ofrecen asistencia integral de las víctimas. Durante la inauguración, Raquel López ha detallado que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la Justicia Gratuita y la Consejería ha incrementado el número de guardias anuales en 7.300 para que haya un turno de oficio especializado dedicado a este tipo de delitos. En el Colegio de Abogados de Córdoba hay 425 profesionales adscritos a este turno y otros 57 en el de Lucena, para quienes ya se celebró esta formación la semana pasada.

Además, ha recordado que recientemente se ha firmado un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores para garantizar que también estén representadas por un procurador incluso en fases del procedimiento donde no es preceptivo. El objetivo es que no tengan que ir ellas al juzgado a realizar trámites durante el proceso judicial y evitar así una revictimización. 

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