Justicia refuerza tres juzgados de Córdoba con la llegada de nuevos funcionarios
La Administración de Justicia ha comenzado a dar salida al tapón de vacantes que arrastran desde hace años las dependencias judiciales de la provincia de Córdoba. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado a conocer este lunes la adjudicación definitiva de destinos correspondientes a la convocatoria extraordinaria de 2022, una de las mayores de empleo público desplegada en el ámbito judicial en la última década.
En la provincia de Córdoba, el impacto directo de esta resolución se traduce en la llegada de tres funcionarios de carrera a tres juzgados situados fuera de la capital: Lucena, Palma del Río y Villanueva de Córdoba. Las adscripciones refuerzan de forma permanente las plantillas de los cuerpos de Auxilio Judicial y Tramitación Procesal y Administrativa, dos áreas operativas clave para el día a día de las sedes y la tramitación de los expedientes.
En concreto, el Servicio Común de Tramitación de Lucena y la Oficina de Justicia de Villanueva de Córdoba recibirán ambas un nuevo personal titular en el Cuerpo de Auxilio Judicial. Por su parte, la Oficina de Justicia de Palma del Río sumará un puesto definitivo en el escalafón de Tramitación Procesal y Administrativa.
La resolución marca además el calendario formal para la toma de posesión. Los profesionales adscritos a estos destinos dispondrán de un plazo improrrogable de 20 días hábiles, a contar desde el próximo 1 de septiembre, para personarse y formalizar la toma de posesión ante la jefatura de personal de la Delegación Territorial de Justicia en Córdoba.
La llegada efectiva de estos funcionarios de carrera implicará, de manera paralela, el cese automático del personal interino que hasta la fecha venía cubriendo estas vacantes de forma provisional. Asimismo, la normativa fija que los profesionales que asuman estos destinos con carácter forzoso -es decir, quienes preferían otra provincia, pero les tocó esta por puntuación- deberán permanecer obligatoriamente en sus puestos un mínimo de dos años antes de poder solicitar cualquier concurso ordinario de traslados. Con esta exigencia, la Administración busca garantizar la estabilidad del servicio en los juzgados de la provincia.
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