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Investigan si David Dorado dio “instrucciones” para un contrato de EPIs supuestamente fraudulento

David Dorado en la Ciudad de la Justicia

Alfonso Alba

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El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, acaba de firmar un nuevo auto relacionado con el conocido como Caso Infraestructuras, en el que ha incorporado las últimas investigaciones policiales. En las mismas se incorpora un atestado de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional del pasado 9 de febrero sobre los contratos de tres empresas para la compra de Equipos de Protección Individual (EPIs) contra los contagios de la Covid 19, vestuario y calzado que fueron financiados a cargo del conocido como Plan Aire, que puso en marcha la Junta de Andalucía tras la pandemia.

En su escrito, el juez asegura que en los expedientes de contratación firmados por el funcionario jefe de Edificios Municipales y la entonces coordinadora de Infraestructuras, María Luisa Bueno, ambos arrestados e investigados en el caso Infraestructuras, señalaron en una “mención específica” que seguían “instrucciones” del entonces teniente de alcalde David Dorado. Dorado es hoy concejal no adscrito y fue detenido también en el mes de diciembre por la Policía Nacional. El magistrado señala que hay que investigar “la posible participación” de David Dorado en unos contratos supuestamente fraudulentos, el fraccionamiento de contratos.

De esta manera, la investigación señala que el funcionario encargado de los expedientes invitó a tres empresas a los contratos de suministro de EPIs, vestuario y calzado, y que alegó “falta de empresas en el sector con la capacidad necesaria” para llevar a cabo estos trabajos. Las tres empresas tienen nombres y objetos sociales relacionados con las obras de construcción, de hormigonado, de prefabricados o de bricolaje, pero no de vestuario.

Además, la investigación policial sostiene que dos de las empresas tienen el mismo administrador único (un empresario ya detenido por la Policía) y que el de la tercera es primo de éste. Aparte, estos dos empresarios son administradores de otra sociedad más, que está siendo investigada. “Ya en la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal se identificaban irregularidades que son contrastadas por la investigación policial”, describe el juez.

“Aparte de la coincidencia en las fechas, que aparenta presuponer una situación de incontestable fraccionamiento, tal y como fuera advertido por el órgano de apoyo del Ayuntamiento, las facturas presentadas en las ofertas coinciden excesivamente en su importe exacto y muestran una destacada cercanía al tope mínimo que exime del procedimiento ordinario”, señala Rodríguez Laínz en el auto, al que ha tenido acceso este periódico.

La propia Fiscalía Provincial denuncia que la adjudicación de uno de los expedientes se realiza de una forma “que no se justifica como no sea para ocultar la adjudicación a la misma empresa, a una empresa que no plantea la oferta más económica de las tres”, señala.

La UDEF de la Policía Nacional en Córdoba también ha encontrado más facturas sospechosas. Sobre una de las empresas, dedicada al bricolaje, detecta cuatro facturas de 2021 con una cantidad inferior a 15.000 euros (el límite para un contrato mayor), para la compra de material de trabajo financiado por el Plan Aire. Además, hay otras siete facturas más del año 2022 por un importe que suma los 15.205 euros y que están relacionadas con fondos del PFEA (el antiguo PER).

El magistrado, tras conocer los últimos atestados policiales, ha decidido ampliar la investigación. Así, le imputa nuevos delitos de prevaricación administrativa y cohecho tanto al funcionario jefe de Edificios Municipales como a la excoordinadora de Infraestructuras. “Los indicios apuntan no solo al evidente fraccionamiento” de contratos sino “a la connivencia entre todos para asegurar un suministro de material sin garantía mínima de concurrencia competitiva”, señala el magistrado. En el auto el magistrado señala que está a la espera de nuevas diligencias policiales para continuar con la investigación, a la vez que cita como investigados a dos empresarios más.

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