Los forenses constatan que la víctima del crimen de La Chica Carlota murió por estrangulamiento

Juicio de La Chica Carlota

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este lunes la última sesión del juicio con jurado contra el falso cura del Valle de los Caídos - Pedro González- , en prisión provisional, y el abogado Joaquín Robles acusados de haber planeado y perpetrado el asesinato de Juan Carlos Rodríguez Borrego, un varón de 44 años y con esquizofrenia paranoide, en la aldea cordobesa de La Chica Carlota en septiembre de 2017.

En esta sesión han prestado declaración los peritos y médicos forenses, que han ratificado sus informes y han constatado que la víctima falleció por anoxia -falta de oxígeno- provocada por estrangulamiento, conclusión a la que llegan entre otras cosas por la rotura de un cartílago del cuello por presión. Los dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Córdoba sospechan también que la anoxia pudo complementarse con presión sobre los orificios nasales y la boca con la almohada que apareció junto al cadáver, si bien esta circunstancia no puede ser asegurada por su parte en la muerte de Juan Carlos.

Los forenses, en base a la información del momento del levantamiento del cadáver y los hallazgos de la autopsia, -aunque el cuerpo presentaba un muy avanzado estado de putrefacción al hallarse dos años después de la muerte-, aseguran que “la muerte fue consecuencia de un proceso de anoxia”, haciendo referencia a la rotura del cartílago tiroideo que pudo estar provocada por estrangulamiento. Asimismo, exponen que pudo haber -aunque no puede asegurarlo-, un “mecanismo combinado” de oclusión de los orificios respiratorios de la nariz y la boca.

Por el estado del cadáver no se evidenció otro tipo de lesiones y no hubo otras fracturas, ni intervención de armas. Los informes toxicológicos expuestos por los peritos en esta sesión del juicio señalan que no se hallaron sustancias en el cuerpo, salvo alcohol etílico que probablemente se debiera al proceso de putrefacción del cadáver. En las muñecas aparecieron unos surcos al haber estado atado, pero los forenses no pueden concluir si fue antes o después de la muerte.

La fecha de la muerte se establece 24 meses antes del hallazgo del cuerpo, en septiembre de 2019, por tanto en septiembre de 2017. Dadas las circunstancias de la muerte, los forenses señalan que el fallecimiento “teóricamente fue rápido”, dado que la falta de oxígeno provoca una “rápida pérdida de conciencia” y otros efectos asociados como la parada cardiaca.“Suponemos que fue una muerte rápida”, han ratificado ante el juez. Asimismo, constatan la intervención de otra persona en la muerte, que apunta al acusado Pedro González.

ADN en una brida

Otra de las pruebas ratificadas por los peritos en esta sesión del juicio ha sido el informe sobre el ADN aparecido en una brida con la que fue atado el cuerpo de la víctima. El estudio de la brida ha constatado la aparición de dos perfiles de ADN: uno el de la propia víctima y otro el del acusado de asesinato, Pedro González.

El ADN de la brida fue cruzado con el obtenido de las uñas de la víctima por un lado y, por otro, con el que aparecía en un informe de la Guardia Civil asociado a Pedro González.

De otro lado, los peritos han descartado que hubiera productos acelerantes de la combustión en las muestras analizadas.

Conclusiones de las partes

En la sesión de este lunes del juicio ha comenzado también la exposición de las conclusiones por las partes. De un lado, el Ministerio Fiscal ha mantenido sus acusaciones. A Pedro González le acusa de cinco delitos: asesinato, robo con intimidación, estafa continuada, estafa den ocumento mercantil y usurpación de personalidad. Mientras, al abogado Joaquín Robles le acusa de un delito de estafa.

La fiscal ha expuesto el relato de los hechos probados y ha concluido que “la versión de Pedro González se cae por absurda e irracional”, que “carece de hechos objetivos” y que dicha versión no la dio en los cuatro años del caso. Añade que lo que ha contado por el acusado de asesinato no está “sustentado en hechos sólidos y objetivos”. Y que, por tanto, “fue Pedro el que acabó con la vida de Juan Carlos”, de lo que señala que “sí hay pruebas” y entiende que “lo tenía todo planeado”.

En el caso de las acusaciones, además de los delitos imputados a Pedro González y de definir como “insostenible y surrealista” su versión de los hechos, también señalan a Joaquín Robles como cooperador necesario para el asesinato y el resto de delitos cometidos sobre la víctima. En ese sentido, apuntan que el abogado tuvo una “intervención decisiva” y que “valiéndose de la enfermedad” de la víctima le engañó y le puso en contacto con Pedro, “a sabiendas de que este era un delincuente”. “Hubo un plan ideado por ambos para lucrarse” de la víctima. Es más, añaden: “Sin la intervención de Joaquín Robles, Juan Carlos seguiría vivo”.

Para la acusación, que Robles pusiera en contacto a la víctima con Pedro González es esencial para lo que después ocurrió, tanto el robo, la estafa y la usurpación de su identidad como el asesinato. Todo ello con el agravante de la vulnerabilidad de Juan Carlos, por su enfermedad mental. Por este hecho piden la prisión permanente revisable para los acusados. “Decidieron lucrarse del fallecido, no pensaron que este se daría cuenta por su enfermedad mental”, explican pero, al ser conscientes de que Juan Carlos sí detectó que le estaban engañanado, “idearon su plan criminal”.

Así, las acusaciones argumentan la cooperación necesaria del abogado en el asesinato y el robo a la víctima, además de su autoría de estafa por cobrarle servicios cuando no inició ninguna causa como pedía el finado.

Por ello, acusan a Pedro González de asesinato con agravante de especial vulnerabilidad de la víctima, robo con violencia e intimidación, usurpación de identidad y estafa. Y a Joaquín Robles le imputan como cooperador necesario y cómplice de asesinato, robo con violencia y usurpación de identidad, además de ser autor de un delito continuado de estafa.

Asimismo, las acusaciones piden la responsabilidad civil subsidiaria de BBVA, entidad en la que estaba la cuenta corriente de la víctima y que no certificó la identidad de este cuando se extraía dinero de sus cuentas ni tomó las medidas protocolizadas por las entidades bancarias para asegurarse de la identidad de quien pedía un préstamo de 30.000 euros y, en su caso, de las condiciones mentales de la persona.

Prisión permanente revisable

Hay que recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas y de Violencia sobre la Mujer dictó a finales de 2021 apertura de juicio oral contra Pedro González y contra el abogado Joaquín Robles ambos acusados, que se enfrentan a la pena de prisión permanente revisable.

La Fiscalía considera que el falso cura es autor de un delito de asesinato y pide para él prisión permanente revisable, o subsidiariamente, 25 años de cárcel, así como cinco años de prisión por un delito de robo con violencia e intimidación y sendas penas de tres años por un delito continuado de estafa, otro de falsificación en documento mercantil --con multa de 5.400 euros--, usurpación de estado civil y tenencia de armas prohibidas.

Respecto del letrado, el Ministerio Público pide cinco años de prisión y multa de 36.000 euros por la supuesta comisión de un delito de estafa. También, demanda indemnizaciones para los hermanos de la víctima por unos 250.000 euros en total.

Mientras, la acusación particular pide para ambos la prisión permanente revisable por delito de asesinato grave, y, alternativamente, por el delito de asesinato prisión de 25 años, así como cinco años de cárcel para cada uno por delito de robo con violencia, 12 años para el falso cura por delitos de tenencia ilícita de armas, usurpación del estado civil y continuado de estafa, y/o por hurto, tres años. Y respecto del abogado, dos años de prisión por delito de usurpación del estado civil y cinco años por estafa.

Entretanto, el referido auto explica que el acusado en prisión provisional “con el dinero obtenido se sometió a una operación de cirugía estética” en octubre de 2017 en Madrid. Fue detenido en Madrid en enero de 2018. Casi un año más tarde, el 2 de agosto de 2018, se localizó el cadáver de Juan Carlos enterrado en el patio de su casa.

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