La Fiscalía reduce a cinco años y medio su petición de cárcel para Juana Martín

Juana Martín, en un desfile

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este miércoles una sesión más del juicio de la pieza separada de las irregularidades investigadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta de Andalucía, relativa al presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación detectado en los prestamos concedidos entre 2006 y 2011 a la diseñadora de moda flamenca Juana Martín, una causa dirigida contra la citada modista, el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el exdirector de promoción de la entidad Cristóbal Cantos, denunciante del caso; y Antonio Nieto, exdirector financiero.

Esta sesión del juicio, que comenzó el pasado 27 de abril, ha estado marcada por el apartado de conclusiones de las partes, marco en el que el fiscal anticorrupción encargado del caso ha dado cuenta de la incorporación de diversas "modificaciones" respecto a su escrito inicial, algunas de ellas "significativas", tras las comparecencias de los cuatro acusados y de múltiples testigos, entre ellos el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo; los expresidentes de Invercaria Laura Gómiz y Francisco Álvaro Julio; la expresidenta de la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Provincia de Córdoba (UMEC), María Fernández Pino o la interventora general de la Junta de Andalucía María Luisa Raya, quien dirigió un informe de control financiero realizado respecto al ejercicio 2012 de Invercaria.

La causa gira en torno a un primer préstamo participativo de 120.000 euros de Invercaria a la sociedad inicial Juana Martín Diseño; otro préstamo participativo de 50.000 euros para la posterior entidad Juana Martín Andalucía y la inversión global de un máximo de 900.000 euros aprobada por Invercaria para la actividad en cuestión, capitalizando los préstamos previos.

El destino de los préstamos

Mientras tales préstamos participativos habrían ido "venciendo" sin "ser atendidos los pagos" dada la situación del proyecto en plenos años de la anterior crisis financiera mundial de 2008, según la que fuera presidenta de Invercaria Laura Gómiz, otrora investigada en las actuaciones, la Policía Nacional considera que "gran parte del dinero" librado por Invercaria para apoyar la actividad de Juana Martín no estaría "debidamente justificado", entre otras incidencias.

En ese contexto, tras detallar pormenorizadamente tales modificaciones en cuanto al relato de los hechos, el fiscal anticorrupción ha insistido en que los mismos implican un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, si bien ha dado cuenta de cambios en las penas solicitadas con relación a su escrito inicial.

En ese sentido, el fiscal anticorrupción ha mantenido su petición de ocho años de cárcel para Tomás Pérez-Sauquillo como autor de los delitos, más 20 años de inhabilitación absoluta; mientras en el caso de Juana Martín, para la que también reclamaba ocho años de cárcel, su petición de condena queda fijada en cinco años y seis meses de cárcel y 18 años de inhabilitación absoluta, atribuyéndole el papel de "cooperadora necesaria" en los hechos en calidad de extraneus.

Las penas

Respecto a Cristóbal Cantos, el fiscal mantiene la petición de seis años y medio de cárcel como autor de los hechos salvo en el caso de tres de las operaciones investigadas, además de 18 años de inhabilitación absoluta; mientras para Antonio Nieto, para el cual reclamaba también seis años y medio de prisión, la petición de pena de cárcel queda fijada en seis años y un día, más 18 años de inhabilitación absoluta.

Además, el fiscal pide que Pérez Sauquillo restituya a Inverseed, sociedad heredera de la cartera de proyectos de Invercaria, un total de 850.000 euros; solicitando en ese mismo sentido la misma cuantía en el caso de Juana Martín, 650.000 euros en el caso de Cristóbal Cantos y 330.000 euros en el caso de Nieto.

Igualmente, la Fiscalía pide que la sociedad Juana Martín Andalucía responda con 680.000 euros ante Inverseed, por los préstamos participativos formalizados y desembolsados por Invercaria en favor de dicha entidad participada por la misma y por la modista Juana Martín.

Cabe recordar, por cierto, que sobre Pérez Sauquillo ya pesa una condena de tres años y seis meses de cárcel y seis años y medio de inhabilitación absoluta, por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos en relación con el préstamo participativo de 100.000 euros otorgado en 2009 por Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis S.L., con domicilio social en la localidad jiennense de La Carolina.

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19 de mayo de 2021 - 13:38 h