La Fiscalía pide a los ayuntamientos de Córdoba más control para evitar las parcelaciones ilegales

Mayor control en el terreno para evitar causas futuras. Esta ha sido la petición que ha realizado este viernes la fiscala de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Córdoba, María Eugenia Bautista, en la presentación de la Memoria de la Fiscalía Provincial de Córdoba; un documento en el que su sección ha alertado del aumento considerable de parcelaciones ilegales en el último año en la provincia cordobesa.

Este fenómeno ya no era tan frecuente en los años anteriores a la pandemia por el coronavirus pero, a partir de esa época, Bautista ha asegurado que la provincia de Córdoba asiste “a una eclosión de parcelaciones irregulares y las consecuentes edificaciones y construcciones ne suelo no urbanizable”.

La fiscala ha explicado que durante el año 2023 ha habido un menor número de diligencias de investigación, “pero las causas son mucho más importantes”, porque no se trata de edificaciones individuales, sino de procedimientos iniciados por parcelar grandes extensiones de terreno.

Los delitos que más preocupan en esta materia son los que se están produciendo en zonas en riesgos de inundación o en la Sierra de Córdoba, donde está declarado el peligro extremo por incendio. Por contra, en el término municipal de Córdoba, la Fiscalía no ha observado la realización de nuevas parcelaciones, aunque sí continúan las edificaciones no urbanizable. Además, en este caso, el Ministerio Público constata que hay parcelaciones irregulares en puntos de alto riesgo de incendio.

Ante esta situación, Bautista ha llamado a las institucionales locales, provinciales y autonómicas a “actuar, porque son los que tienen los medios y los recursos para hacerlo de forma rápida”. La Fiscalía “no tiene ojos en el territorio, por lo que se necesita que las denuncias lleguen por los ayuntamientos de los municipios y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Por otro lado, la fiscala ha señalado que cuando se dan los requisitos del delito, por regla general, cuando se produce una sentencia condenatoria se obliga a la demolición de la construcción “porque no se puede permitir que el delincuente se aproveche del delito”. Cuando se producen las sentencias condenatorias en primera instancia, los encausados recurren amparándose en el “derecho a la vivienda”. Sin embargo, Bautista ha apuntado que ya el Tribunal Supremo ha dicho que “no hay derecho a la vivienda ilegal”.

Además, la demolición de la edificación irregular es condición sine qua non para que se produzca la suspensión de la condena, que no suele superar los dos años.