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Investigan en Córdoba un caso de vientre de alquiler y agresión sexual a una inmigrante sin recursos a cambio de 20.000 euros

Mujer embarazada.

Alejandra Luque

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La Fiscalía de Córdoba ha comunicado este miércoles que se encuentra investigando un caso de vientre de alquiler de una inmigrante sin recursos captada en el extranjero.

El fiscal especializado en trata de personas y extranjería de la Fiscalía de Córdoba, Antonio Romero, se ha reservado ahondar en el caso, ya que se encuentra pendiente de resolución judicial, aunque ha explicado que la víctima habría sido captada fuera de España mediante engaños. Una vez en Córdoba, los procesados en el caso habrían pretendido que la mujer se quedara embarazada.

Según ha podido conocer este periódico, la víctima se trata de una mujer de un país latinoamericano que, hallándose en situación de especial dificultad económica, contactó por redes sociales con una pareja de ciudadanos residentes en un pueblo de la provincia de Córdoba, quienes le ofrecieron someterse a una gestación subrogada a cambio de 20.000 euros para, una vez quedara embarazada, permanecer durante el embarazo en España y hacerles entrega del bebé una vez producido el nacimiento.

Una vez en España, la mujer fue recogida en el aeropuerto por esta pareja, que la trasladó a su vivienda. Ya en el domicilio, aunque la víctima manifestó su preferencia con que la inseminación se produjera de forma artificial, la mujer le manifestó que eso era muy caro y que debía mantener relaciones sexuales con su pareja, relaciones sexuales inicialmente aceptadas por la víctima aunque posteriormente mantenidas mediante violencia e intimidación. El procedimiento se encuentra actualmente en fase de instrucción.

Aunque los medios y la forma de explotación de la víctima empleados en este caso son los propios del delito de trata de seres humanos, el fiscal Romero ha señalado que la finalidad de la explotación —la maternidad subrogada— no está prevista en el artículo 177bis, lo que hace inviable su calificación jurídica en base a ese delito. Por ello, este caso se ha hecho constar en la memoria para que la Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado valore la posibilidad de formular una propuesta de lege ferenda (una futura reforma de la ley).

Por otro lado, esta sección de la Fiscalía ha denunciado el aumento considerable de víctimas explotadas en “pisos prostíbulos”, lugares privados donde se ejerce la prostitución, en detrimento de los clubes de alterne. Este cambio de localización hace más difícil el trabajo de la Policía Nacional, ya que necesita de una orden de entrada y registro para poder acceder a las viviendas.

Asimismo, durante 2022 se han tramitado asuntos relacionados con delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros relacionados con la consecución de traslado y regularización de su situación mediante el pago de una cantidad económica. Además, el fiscal ha destacado el aumento de los procedimientos penales referentes a la explotación laboral en el ámbito agrícola y en la hostelería.

En materia de expulsiones sustitutivas del proceso penal, destaca estadísticamente una vuelta a las cifras de prepandemia, “como consecuencia del cierre de fronteras durante la pandemia”, ha señalado, y una reducción también en Centros de Internamiento de Extranjería, que se situaron en tres casos. Esto se debe, ha explicado Romero, a que el extranjero se encontraba localizado, por lo que no era necesario el ingreso en estos centros, o que la expulsión se produjo en las 72 horas posteriores a su detención.

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