Los abogados urgen a alcanzar una solución en la huelga de letrados de Justicia

“Ante la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), desde el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados manifestamos nuestra preocupación por el perjuicio que el paro laboral está generando tanto a los integrantes de la abogacía y demás operadores jurídicos, como a toda la ciudadanía, que está viendo afectado su derecho a la tutela judicial efectiva”. Así arranca el comunicado difundido por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, que reclama una solución.

“Por ello, instamos a todos los agentes implicados -Ministerio de Justicia y asociaciones convocantes- a que avancen en el diálogo y adopten con premura una solución consensuada que ponga fin a esta situación y posibilite la reanudación de la actividad judicial con plena normalidad”, exponen. La huelga comenzó, en todo el territorio nacional, el pasado 24 de enero y se estima que está provocando la cancelación de alrededor de 9.000 juicios al día en España, además de la suspensión de otras actuaciones procesales. En Córdoba, la semana pasada se suspendieron más de 200 juicios.

“Un impacto que, si bien está amparado por un derecho a huelga de estos funcionarios que respetamos y comprendemos, no contribuye a frenar el colapso que sufre la Administración de Justicia de manera endémica y, especialmente, tras la saturación sufrida en los últimos años por la crisis sanitaria”, lamentan.

Asimismo, mientras sigue esta situación, desde la Abogacía andaluza también demandan a las autoridades judiciales competentes un mayor flujo de comunicación con el Consejo y los colegios de abogados de Andalucía en cuanto al desarrollo de la huelga, “más en un contexto tecnológico que permite la difusión de la información con agilidad, facilidad y alcance global. En concreto, solicitamos a los organismos competentes a que publiquen las actuaciones procesales que serán suspendidas por la huelga con la antelación suficiente para evitar desplazamientos innecesarios y causar el menor perjuicio a profesionales y ciudadanos”, concluyen.