Tres de los acusados en el caso de los cursos de formación niegan la falsedad de documentos

Tres de los ocho acusados en el juicio del caso de los cursos de formación de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba han negado este jueves ante la juez del Juzgado de lo Penal número 4 de la capital que hayan llevado a cabo en sus labores de impartición de cursos el delito de falsedad de documentos por el que han sido procesados.

Al respecto, uno de ellos, gerente de una sociedad con el 60% de participación en ella, ha manifestado que subcontraron a una empresa para la docencia de cursos de técnico de sonido, tras pedir distintos precios a empresas, todo ello con conocimiento de la Junta de Andalucía, que subvencionó a dicha sociedad, aunque el cobro de unos 19.000 euros lo recibió la citada empresa.

Según ha señalado, no recibió notificación de la Junta “por alguna incidencia”, aunque sí ha pedido el reintegro de algunas cantidades, que finalmente no han tenido que pagar “nunca nada”, tras ganar en distintos recursos, según el acusado, quien ha dicho que el hecho de que él facturara unos 2.400 euros como tutor es por “un tema administrativo”. También, ha señalado que a día de hoy siguen dando cursos.

Por otra parte, el segundo procesado ha negado haber falsificado firmas de alumnos en la entrega de material para un curso de programador de aplicaciones informáticas, con folios, bolígrafos, marcadores, rotuladores, grapas y gomas, que se repartían “tres o cuatro veces durante el curso” y los alumnos al final tenían que entregar los partes de firma y un recibo de entrega de material, según ha detallado, para subrayar que “cuando terminó el curso no quedó material, todo se entregó a los alumnos”.

Y el tercer acusado, en cuanto a la impartición de un curso relacionado con obras, ha precisado que su exmujer cobró con un talón nominativo a su nombre, cuya cuantía imagina que “iría a parar a la casa” en la que ambos convivían en su momento, a la vez que ha señalado que ella “falta a la verdad” al decir que “no ha visto un euro”. Según ha aclarado, no ha habido fraude a Hacienda, y ha precisado que su exmujer iba a ejercer de profesora, pero no se vio capacitada para seguir por la crianza del bebé que tenían.

El juicio continuará el día 13 de marzo con la declaración de testigos, tras concluir en esta jornada las declaraciones de los procesados, al tiempo que la juez ha declarado en rebeldía al cuarto procesado por el que se sigue la causa, después de que los otros cuatro acusados de delitos continuados de falsedad en documento público y en uno de los casos también por fraude en subvenciones concedidas por la Junta ya han reconocido los hechos.

De esta manera, el fiscal y el letrado de la Junta de Andalucía han renunciado a todos los testigos vinculados con dichos procesados, para quienes inicialmente el Ministerio Público ha solicitado sendas penas de tres años de cárcel y multas de 27.000 euros para tres de ellos y 300.000 euros para quien igualmente está acusado de fraude en subvenciones.

Los restantes procesados se enfrentan a las mismas penas de prisión y multas, excepto el hombre fugado de la justicia, para quien sí piden los mismos años de cárcel, pero la multa es de 300.000 euros al estar también acusado de un delito de fraude de subvenciones.

Las subvenciones

La calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que por orden de la Consejería de Empleo de la Junta de 23 de octubre de 2009 y con cargo a partidas presupuestarias de las cuentas de la comunidad autónoma para los periodos 2010-2011 se concedieron subvenciones, en régimen de concesión directa, para la impartición de cursos de formación dirigidos a personas desempleadas con compromiso de empleabilidad.

De este modo, en aplicación de la normativa a tal efecto, se beneficiaron nueve entidades de ámbito provincial, bajo el cumplimiento de una serie de exigencias. No obstante, supuestamente las subvenciones públicas otorgadas no fueron usadas para la finalidad prevista en la impartición de cursos.

A juicio del Ministerio Público, se han inflado algunas facturas que se han tenido que entregar para justificar el uso de las subvenciones. Entre algunos ejemplos, advierte de “gastos desproporcionados” en costes directos, con gasto en material docente “sobredimensionado”.

Igualmente, entre “las irregularidades más graves detectadas” cita “el incumplimiento” de compromisos de contratación, al “simular haber ofrecido presuntos contratos laborales a alumnos y mediante un ficticio informe, fuera totalmente de plazo, ha justificado la negativa de éstos a ser contratados”. Así, el fiscal avisa de distintos “perjuicios al erario público”.

Asimismo, explica que supuestamente ha habido “manipulación de las firmas de alumnos, con el fin de demostrar de manera irregular, tanto la entrega de materiales, como las calificaciones de alumnos, que nunca llegaron a realizarse por los interesados”.

Por otra parte, sobre facturación, en una de las entidades “se imputan gastos de establecimiento, cuando la sede es propiedad de la empresa” beneficiada con subvención, al tiempo que “los recibos de material del curso están sin firma de los alumnos” y supuestamente hay “falta de rigor” en los procedimientos de selección, donde “se aprecian graves irregularidades”.

En esta causa figuraban también funcionarios y autoridades de la Junta en legislaturas pasadas, que han quedado exonerados, pues, según la Fiscalía, no se puede demostrar la connivencia de estos con los presuntos autores de los fraudes.