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El transporte discrecional se concentra para demandar ayudas tras 9 meses de agonía

Concentración de la Agrupación de Transporte Discrecionales y Regulares de Viajeros de Córdoba (ATC) | MADERO CUBERO

Juan Velasco

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Más de medio centenar de autobuses de transporte de pasajeros han paseado a golpe de claxon este viernes por las calles de Córdoba. Lo han hecho vacíos, que es como llevan los autocares de transporte discrecional -contratados para viajes, bodas o eventos- desde que, a mediados de marzo, estalló la pandemia del Covid-19.

El vicepresidente de la Agrupación Empresarial de Transportes Discrecionales y Regulares de Viajeros de Córdoba, Antonio Nadales, ha explicado a este periódico que en Córdoba hay unas 60 empresas de transporte discrecional de viajeros, de las que la gran mayoría tiene transporte escolar. No obstante, según sus cálculos, el 10% de estas compañías solo prestan servicio de transporte de pasajeros bajo demanda, lo cual, si no se les lanza un salvavidas, las aboca al cierre en los próximos mses.

Además, ha aclarado que tampoco el transporte escolar es, en estos momentos, una tabla de salvación, ya que la Junta de Andalucía adeuda a la gran mayoría de estas empresas “las indemnizaciones” por el periodo del estado de alarma, que “no se ha llegado a pagar”, al tiempo que, para este curso, ha reducido el periodo de concierto y, “en vez de pagarnos cuatro meses entre septiembre y diciembre, solo van a pagar tres meses y medio”.

Pero los problemas van más allá, aclara Nadales, que detalla que la principal cuestión está en que, desde el primer momento, esta modalidad de transporte de pasajeros se ha quedado en una especie de limbo administrativo. “No se considera turismo ni transporte interurbano, y eso hace que no nos incluyan en las ayudas”, señala, alegando también que, entre cierres y aperturas, lo que no ha cambiado ha sido “el miedo de los clientes a contratar autocares”.

Por todo ello, además de reclamarle a la Junta que se ponga al día con los pagos por el transporte escolar, también le piden al Gobierno que aumente los ERTE más allá del 31 de enero, al menos hasta que “despegue el sector”, así como que aumente a 18 meses la carencia en los pagos de los leasing o renting de los vehículos, puesto que los 6 meses de carencia que dieron son insuficientes.

Nadales ha descartado, por el momento, llevar a cabo ningún otro tipo de presión, aunque no descarta hacer algún tipo de parón en el transporte escolar para demandar ayudas propias al transporte discrecional.

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