Cinco detenidos más en el caso del macroalijo de hachís que viajaba oculto en tomates
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a cinco personas más en las últimas semanas acusadas de formar parte de un grupo criminal encargado del narcotráfico. Los arrestados formarían parte del grupo desarticulado cuando se interceptó un macroalijo de hachís que iba oculto en un cargamento de tomates y que se iba a exportar a Francia. En total, la operación concluyó con la incautación de 22 toneladas de droga.
Según las fuentes consultadas por este periódico, entre los arrestos hay diferentes grados de implicación en la red, desde una persona de la máxima confianza del cabecilla y a la que la investigación da un papel fundamental, a otros secundarios.
La conocida como Operación Califa Trucks arrancó hace cinco meses, tras detectar que varias investigaciones paralelas que confluían en una red criminal. Tras meses de vigilancia, el golpe a la red tuvo lugar el pasado día 10 de enero, cuando se detectaron movimientos en el polígono industrial de Mollina, en Málaga, que se estaba monitorizando. Tras localizar el vehículo, detener al conductor y detectar en su interior la droga, los agentes entraron en el interior de la nave.
Aquel día se incautaron, por un lado, 2.600 kilos de resina de hachís camuflada como tomates en la furgoneta y 19.500 kilos en la nave, donde se detuvo a dos individuos. Así, arrancan las investigaciones que llevan a Córdoba, donde se produjeron cuatro registros en domicilios y fincas de la capital y la provincia, donde se ha detenido a otras siete personas, entre ellas el cabecilla.
Los primeros registros y detenciones tuvieron lugar el pasado viernes, 13 de enero, y el pasado 17 de enero se produjeron las últimas detenciones, hasta ahora. En el transcurso de la operación se han incautado siete vehículos, entre ellos cuatro camiones, además de efectivo y teléfonos móviles. Se investiga también a los detenidos por blanqueo de capitales, en conexión directa con Europol.
La organización
La organización estaba fuertemente arraigada en Córdoba, en cuya capital residía su líder que se valía de un círculo de confianza con el que conformaba los distintos niveles de la red criminal. Contaba con un escalón inmediatamente inferior que se encargaba de dirigir la logística necesaria para el funcionamiento de la organización. Además, tendría a su cargo a otro vecino de la capital a cargo de aquellas labores necesarias para el transporte de las sustancias estupefacientes, así como a otro colaborador que realizaría, principalmente, las labores de seguridad y custodia que le encomendaba la dirección de la red criminal.
Asimismo, la organización se servía de varias personas que, unas de forma más estable y otras de manera esporádica, realizarían las labores de mayor riesgo, como son la custodia, la seguridad y la carga y descarga del estupefaciente.
El avance de la investigación permitió averiguar que la organización criminal presentaba una compleja estructura, rica en recursos humanos, técnicos y materiales y con una fuerte capacidad económica. Esto, unido a una amplia logística, oculta tras una aparente legalidad empresarial, dificultaba en gran medida el trabajo operativo y de análisis realizado sobre las distintas entidades que la conforman. Para ello utilizaban personas de “paja”, sin otra responsabilidad que figurar como responsables de las empresas utilizadas para el alquiler y/o adquisición de vehículos, inmuebles, etc.
La investigación ha sido llevada a cabo, desde Córdoba, por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Grupo I de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional, junto con la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional de Fuengirola (Málaga) y de Barcelona y con el EDOA de la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz.
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