Las 22 toneladas de hachís incautadas en Córdoba y Málaga iban camufladas como tomates con destino a Francia
El cabecilla de la red internacional de narcotraficantes que fue desmantelada el pasado viernes en Córdoba y que condujo a la incautación de 22 toneladas de hachís, era cordobés. La droga, que se localizó en Málaga, iba camuflada en cajas de tomates y tenía como destino Francia.
Son los principales datos de la Operación Califa Trucks, un trabajo conjunto de Guardia Civil y Policía Nacional, que ha llevado a la detención de diez personas (una de nacionalidad búlgara y otra marroquí), de las que ocho han ingresado en prisión. Una operación que ha implicado el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las provincias de Cádiz, por donde penetraba el hachís a través del Estrecho; Málaga, donde se almacenaba; y Córdoba, donde residían el cabecilla y parte de la red de delincuentes.
La Operación Califa Trucks arranca hace cinco meses, tras detectar que varias investigaciones paralelas que confluían en una red criminal. Tras meses de vigilancia, el golpe a la red tiene lugar el pasado día 10 de enero, cuando se detectan movimientos en el polígono industrial de Mollina, en Málaga, que se estaba monitorizando. Tras localizar el vehículo, detener al conductor y detectar en su interior la droga, los agentes entraron en el interior de la nave.
Aquel día se incautaron, por un lado, 2.600 kilos de resina de hachís camuflada como tomates en la furgoneta y 19.500 kilos en la nave, donde se detuvo a dos individuos. Así, arrancan las investigaciones que llevan a Córdoba, donde se produjeron cuatro registros en domicilios y fincas de la capital y la provincia, donde se ha detenido a otras siete personas, entre ellas el cabecilla.
Los primeros registros y detenciones tuvieron lugar el pasado viernes, 13 de enero, y el pasado 17 de enero se produjeron las últimas detenciones. En el transcurso de la operación se han incautado siete vehículos, entre ellos cuatro camiones, además de efectivo y teléfonos móviles. Se investiga también a los detenidos por blanqueo de capitales, en conexión directa con Europol.
Fachada legal del cabecilla
Según ha detallado el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Carlos Serra, la organización estaba fuertemente jerarquizada, con un liderazgo claro por parte del cabecilla, residente en Córdoba, y se dedicada a delitos graves. No obstante, tenía una fachada legal que complicaba su seguimiento. La operación, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, al igual que se ha comprobado que algunos de los detenidos tenían antecedentes por delitos similares.
Por su parte, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Juan Carretero, ha señalado que la red tenía un entramado muy complejo, con expertos en tráfico de drogas y también con personas que ejercían de testaferros y ayudaban a generar una tapadera de legalidad para ocultar las operaciones.
La subdelegada del Gobierno de España en la provincia, Rafaela Valenzuela, ha señalado que se trata de una de las operaciones más importantes de la provincia contra el tráfico internacional de drogas. La segunda, en envergadura, tras la del 2013, cuando se localizó más de 66 toneladas en un macro alijo descubierto en La Torrecilla.
La organización
La organización estaba fuertemente arraigada en Córdoba, en cuya capital residía su líder que se valía de un círculo de confianza con el que conformaba los distintos niveles de la red criminal. Contaba con un escalón inmediatamente inferior que se encargaba de dirigir la logística necesaria para el funcionamiento de la organización. Además, tendría a su cargo a otro vecino de la capital a cargo de aquellas labores necesarias para el transporte de las sustancias estupefacientes, así como a otro colaborador que realizaría, principalmente, las labores de seguridad y custodia que le encomendaba la dirección de la red criminal.
Asimismo, la organización se servía de varias personas que, unas de forma más estable y otras de manera esporádica, realizarían las labores de mayor riesgo, como son la custodia, la seguridad y la carga y descarga del estupefaciente.
El avance de la investigación permitió averiguar que la organización criminal presentaba una compleja estructura, rica en recursos humanos, técnicos y materiales y con una fuerte capacidad económica. Esto, unido a una amplia logística, oculta tras una aparente legalidad empresarial, dificultaba en gran medida el trabajo operativo y de análisis realizado sobre las distintas entidades que la conforman. Para ello utilizaban personas de “paja”, sin otra responsabilidad que figurar como responsables de las empresas utilizadas para el alquiler y/o adquisición de vehículos, inmuebles, etc.
La investigación ha sido llevada a cabo, desde Córdoba, por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Grupo I de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional, junto con la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional de Fuengirola (Málaga) y de Barcelona y con el EDOA de la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz.
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