El sector crítico de Asaja Córdoba pide a la Junta que intervenga la asociación agraria

El sector crítico de la organización agraria Asaja Córdoba ha elevado una petición formal a la Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para que intervenga ante la “grave situación” que atraviesa la entidad.

En un escrito dirigido a la administración y facilitado a este periódico, los firmantes sostienen que la Junta de Andalucía, como autoridad competente en la tutela de las organizaciones empresariales, debe actuar en consecuencia ante la parálisis institucional y las presuntas irregularidades cometidas bajo la presidencia de Fernando Adell Martí.

La denuncia subraya que la asociación se encuentra en un estado de “bloqueo legal”. Indican que, desde el pasado 30 de enero, la organización carece de secretario general, una figura “indispensable” según los estatutos. A esta vacante se sumaron, el 16 de febrero, las dimisiones de otros cinco miembros del Comité Ejecutivo, incluyendo al vicepresidente primero y a la secretaria de Actas.

Como consecuencia, describen, los órganos de gobierno han quedado en una situación “deficitaria” que les impide adoptar acuerdos válidos para la gestión ordinaria. Además, los documentos advierten de que, al no existir un secretario de Actas ni un secretario general, “no hay nadie que puede certificar acuerdos de las actas”, lo que invalida jurídicamente cualquier decisión tomada en las reuniones actuales.

Rechazo “masivo” a la gestión de Fernando Adell

Recuerdan los responsables de la petición que el malestar interno se hizo oficial durante la Junta Directiva del 6 de abril, en la cual la mayoría de los asistentes reprobaron la gestión de Adell y se negaron a aprobar tanto la memoria de actividades como las cuentas anuales y los presupuestos. En esa misma sesión, la directiva rechazó también la propuesta del presidente para nombrar un nuevo Comité Ejecutivo, profundizando la crisis de liderazgo.

A pesar de que 429 socios solicitaron formalmente, mediante requerimiento notarial, la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para analizar la gestión presidencial, Adell se ha negado sistemáticamente a incluir este punto en el orden del día. Ante esta negativa, el sector crítico ha anunciado que acudirá a los juzgados para forzar legalmente dicha convocatoria.

Advertencias sobre responsabilidades penales

En este sentido, los escritos presentados a la Junta advierten de que la persistencia en tomar decisiones con un consejo “inoperante” abre la puerta a graves responsabilidades civiles y penales. Se menciona específicamente que el presidente y los cuatro consejeros que aún permanecen en el comité podrían incurrir en delitos de administración desleal, imposición de acuerdos abusivos y apropiación indebida, llegando a tener que responder con su propio patrimonio personal.

Finalmente, el sector crítico cuestiona la propia legitimidad de Adell, señalando que para su elección en 2024 se le exigieron requisitos menores que los que él impone ahora a los socios para convocar la asamblea, lo que podría dar lugar a la impugnación judicial de su presidencia.