Piden mejores condiciones laborales para los empleados del Infoca ante “un verano de récord en incendios”

La parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Ana Naranjo, ha lamentado que Córdoba afronta “un verano de récord” en lo que respecta a los incendios declarados en la provincia, lo que debe conducir “a una reflexión y revisión del trabajo de prevención que se ha realizado”, así como “de los recursos disponibles y de las condiciones en que trabaja el personal de extinción”. Naranjo ha recordado que los últimos fuegos ya han calcinado unas 800 hectáreas de superficie forestal en lo que amenaza con ser “el peor verano en mucho tiempo”, con un grave perjuicio en zonas de especial valor ecológico y económico, por lo que también será necesario que el Gobierno andaluz establezca “compensaciones” para los afectados.

La diputada andaluza ha pedido a la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba que se ponga a trabajar “ya” en un diagnóstico y un plan de acción específico, dotando de al Infoca de los recursos suficientes “en aras de proteger nuestro medio ambiente y la seguridad de la ciudadanía”, e intensificando las labores de vigilancia y control de la actividad privada, ya que “muchos de estos fuegos podrían tener su origen en tendidos eléctricos y otras infraestructuras que ponen en riesgo la seguridad de nuestros campos”. En paralelo, Naranjo ha exigido una revisión y evaluación de las labores de prevención de incendios que se han realizado a lo largo de un año que, además, “ha sido especialmente seco y acaba de dejar una de las peores olas de calor de las que hay registros”. 

La diputada andaluza de UPporA ha afirmado que la administración no puede “permanecer impasible ante el avance de las consecuencias del cambio climático” y debe “intensificar las labores de prevención con un esfuerzo a la altura del problema que representa”. Además, ha recordado que al tiempo que se combaten sus efectos “debemos trabajar en la adaptación a la nueva realidad con técnicas innovadoras vinculadas a la agricultura y la ganadería extensiva”, que han demostrado que pueden “jugar un papel fundamental” en la protección del campo. En este sentido, ha mostrado su agradecimiento “a los agricultores y ganaderos que voluntariamente cada año ponen su esfuerzo y su maquinaria a disposición de las labores de prevención y extinción de fuegos ante la falta de recursos de la administración autonómica”.

En lo que respecta a los Centros de Defensa Forestal (Cedefo) de Córdoba, Naranjo ha pedido a la Delegación del Gobierno andaluz que revise su distribución, así como la de los recursos de extinción disponibles, para que el Infoca “pueda trabajar en las mejores condiciones posibles, garantizando además una respuesta rápida y efectiva en toda la provincia en caso de que se produzca algún fuego”. En este sentido, ha subrayado que el Norte de la provincia ha perdido el centro que tenía en Villanueva de Córdoba, que ha pasado a Adamuz. Con este cambio “se deja desprotegida una zona de alto valor ecológico como la dehesa de Los Pedroches, que además, al ser terreno de pasto, contribuye a una rápida extensión del fuego y daña a ejemplares de encinas que son de los más antiguos de Andalucía”.

Por todo ello, ha exigido una revisión y planificación de los recursos al tiempo que ha recordado que “debemos mejorar las condiciones en las que se desempeñan los trabajadores y trabajadoras del Infoca”, que se nutre de “contratos temporales que se restringen a los meses de alto riesgo de fuegos” pero que merecen “una estabilidad que les permita, además de desarrollar un proyecto de vida como cualquier otra persona, formarse durante el resto del año y trabajar en labores de prevención”. 

La diputada andaluza ha recordado que los trabajadores y trabajadoras de extinción de incendios “se juegan la vida cada verano para protegernos trabajando en una situación de alta precariedad que resulta intolerable”, y que ahora además “se enfrentan a la amenaza de la privatización de un servicio básico dentro de los planes externalizadores del Gobierno andaluz”, que pretende justificar “con los resultados interesados de auditorías lo que ha sido su objetivo desde el principio: desmantelar lo público y venderlo al mejor postor”.