Mano dura contra los vertidos de alpechín: la CHG instala 50 puntos de vigilancia más

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha iniciado el Plan de Vigilancia Especial para la campaña oleícola 2021-2022. Este dispositivo, que añade a los puntos de control habituales más de 50 puntos de control adicionales, se diseña teniendo en cuenta las experiencias de años anteriores.

Para su ejecución, agentes medioambientales y técnicos, coordinados por el Área de Calidad de Aguas y los Servicios de Control de Vertidos de la CHG, realizarán labores de vigilancia, incluyendo períodos nocturnos y fines de semana, por las distintas zonas de la cuenca, con especial atención a las instalaciones destinadas a la producción de aceite de oliva y de gestión de sus subproductos: almazaras, secaderos de alpeorujo, extractoras, refinerías de aceite y centrales de biomasa. En definitiva, se vigila que los vertidos de alpechín no lleguen a los ríos.

En este protocolo de vigilancia, en el que colabora activamente el Seprona de la Guardia Civil, el control mediante inspección se complementa con la telemedida a través de la red de estaciones automáticas de medida de la calidad del agua, red a la que se han incorporado para el presente plan nuevos puntos de control.

Con respecto a campañas anteriores, continúa constatándose una tendencia general al descenso en el número y alcance de estos vertidos, lo que ha repercutido en la mejora de la calidad de las aguas de los ríos y arroyos de las zonas tradicionalmente más afectadas. Como aspecto a corregir, se mantiene la emisión de vertidos de origen oleícola en algunas redes de saneamiento de algunas localidades, que producen daños en las infraestructuras de depuración municipales.

En las anteriores campañas, se tramitó una media de 15 expedientes sancionadores por vertidos asociados a la producción de aceite de oliva, principalmente en las provincias de Córdoba y Jaén.

La CHG insiste en la prohibición de realizar vertidos no autorizados, con objeto de proteger el estado de las masas de agua, que en la actual situación de sequía es, si cabe, más importante, dada la situación de vulnerabilidad de los cauces.