La ley contra el fraude de la Junta protegerá al denunciante como “pieza clave” contra la corrupción

La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, Nuria Gómez, ha presentado este jueves en Córdoba el proyecto de ley contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante, “pieza clave” contra la corrupción, que prevé la creación de la oficina contra el fraude, adscrita al Parlamento para garantizar su independencia del Gobierno, con competencias para prevenir, investigar y sancionar cualquier irregularidad con fondos públicos, ofreciendo garantías a quienes denuncien malas prácticas.

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, Gómez, junto al delegado territorial de Turismo y delegado accidental de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Córdoba, Ángel Pimentel, ha explicado que esta norma “responde a una necesidad de la ciudadanía, que necesita recuperar la confianza en las instituciones tras años de conductas que han minado esa confianza”.

La responsable de Regeneración ha recordado que la creación de una Oficina andaluza contra el fraude y la corrupción “ha sido una firme apuesta de Juan Marín desde que llegó al Parlamento andaluz en 2015 y ahora es un compromiso en marcha de este Ejecutivo recogido en el acuerdo de gobierno”.

La norma contempla medidas específicas para prevenir, detectar y denunciar irregularidades, malas prácticas y abusos de poder, mediante la creación de esta oficina adscrita al Parlamento y dirigida por una persona de reconocido prestigio y experiencia, elegida por la Cámara por una mayoría cualificada y con un mandato de cinco años improrrogable. Su personal estará formado por funcionarios de carrera que tendrán la consideración de autoridad pública.

“Además de investigar, prevenir y tramitar las denuncias, la Oficina tendrá potestad sancionadora, con multas de entre 300 y 100.000 euros para infracciones, como incumplir el deber de colaboración con su labor, cualquier coacción a su personal o las denuncias falsas o tergiversadas”, ha detallado Gómez. Su ámbito de actuación no se limitará a la Junta y sus entes instrumentales sino que se extenderá a las entidades locales y universidades públicas, así como a personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones.

Para la secretaria general de Regeneración, uno de los aspectos más importantes que contempla el Proyecto de Ley es que ofrece protección a quien denuncia “para evitar represalias como las que muchos han vivido por sacar a la luz casos de corrupción, con especial atención a los funcionarios y empleados públicos de la Junta, que incluso tendrán derecho a ser trasladados a otro puesto del mismo nivel si así lo desean, guardándoles el puesto de origen, para alejarlos de cualquier presión”. Gómez ha hecho hincapié en que quienes denuncian son “una pieza clave” para luchar contra la corrupción.

La oficina contra el fraude ofrece un canal seguro para alertar de estas malas prácticas, ya que en todo momento garantiza la confidencialidad así como el derecho a conocer el estado de la tramitación de sus denuncias, a ser notificadas de los actos y resoluciones que se dicten, a que las denuncias finalicen con resolución expresa y motivada, a no sufrir represalias y a la reparación de los perjuicios injustificados sufridos mediante la asesoría legal y psicológica gratuita.

Ley de incompatibilidades

Además, según ha detallado Gómez, el texto incluye una modificación de la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos para “impedir que sean titulares o autorizados de cuentas en paraísos fiscales y legislar algo que este Gobierno ya está aplicando de facto como es apartar a cualquier encausado o condenado de su puesto en la Administración andaluza.

La oficina asumirá también las sanciones en estos casos, algo que hasta ahora hacía el Consejo de Gobierno, lo que supone un plus más de garantía al encargar el control del Ejecutivo en esta materia a un órgano independiente“.

El delegado territorial ha subrayado que “la apuesta de este Ejecutivo con la regeneración y la transparencia es firme. El martes mismo se ha refrendado en el Acuerdo de garantía de estabilidad suscrito por las dos formaciones que componen el Gobierno, Cs y PP, con cinco puntos, uno de los cuales es el compromiso para la profundización en la regeneración democrática y la política de reformas, tras décadas de mala gestión y corrupción de los gobiernos socialistas en Andalucía”.

“Uno de los mecanismos más importantes”

Pimentel ha destacado que “esta ley es uno de los mecanismos más importantes que estamos poniendo en marcha, pero no el único”. Así, ha recordado las instrucciones ya en vigor que regulan el sistema de selección de las personas que ocupan cargos directivos en las entidades instrumentales y la evaluación anual de su trabajo por objetivos; la aprobación por parte de todas las consejerías de la Junta de planes de transparencia con compromisos y medidas concretos; “y estamos elaborando una Ley de Evaluación de Políticas Públicas y un Código de Buen Gobierno, además de impulsar la limitación de mandatos y el fin de los aforamientos”.

El proyecto de ley ha pasado ya el debate a la totalidad “sin enmiendas totales de ningún grupo para su devolución, por lo que ya ha sido remitido a la Comisión correspondiente donde las distintas fuerzas políticas tienen de plazo hasta mañana para proponer la comparecencia de distintos agentes sociales y entidades con el fin de enriquecer el texto con sus propuestas antes del debate final al Pleno”.

La norma se está tramitando por vía de urgencia para aprobarla en el último trimestre del año y el Presupuesto de 2021 ya contempla una partida para la puesta en marcha de la oficina en este ejercicio.