LaLiga comienza a mandar burofaxes a consumidores de fútbol pirata exigiendo más de 200 euros

La patronal del fútbol español, presidida por Javier Tebas, ha comenzado una ofensiva contra los espectadores de retransmisiones ilícitas. Según ha podido saber este periódico, LaLiga está enviando cartas y burofaxes a usuarios finales en los que se les exige el pago de cantidades que superan los 200 euros como compensación por el acceso a contenido protegido.

Esta medida se produce tras un auto dictado el 17 de noviembre de 2025 por el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Córdoba, encabezado por el magistrado Antonio Fuentes Bujalance. Dicha resolución judicial autorizó a LaLiga a solicitar a los principales operadores del país -Telefónica, Vodafone, MasOrange y Digi- los datos de identificación de los titulares de direcciones IP que acceden a partidos de fútbol vía streaming de forma no autorizada.

La base técnica que ha permitido este acceso a los datos personales de los consumidores radica en el uso de sistemas como AceStream, basados en tecnología P2P (Peer-to-Peer). El auto judicial explica que, en estas redes, el usuario no es un mero espectador pasivo, sino que su dispositivo actúa como un nodo que redistribuye la señal, formando un “enjambre de servidores” que mejora la calidad de la retransmisión ilícita. Aun así, el magistrado ha señalado que el usuario final lo hace de forma “inconsciente”, aunque eso le sitúa como parte del conglomerado técnico para la distribución de contenido ilícito.

Denuncias ante el CSD por “cartas de amenaza”

A pesar del respaldo judicial para obtener los datos, expertos y afectados denuncian que LaLiga está extralimitándose en el uso de esta información. Miguel Galán, presidente de CENAFE, ha revelado a este periódico que ya existen al menos cuatro cartas de reclamación económica enviadas a usuarios y que unos 110 consumidores se han adherido a una denuncia presentada ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) contra estas prácticas.

Galán ha sostenido que el auto de Córdoba solo autoriza la entrega de datos para preparar procesos civiles, pero no para enviar “burofaxes intimidatorios” reclamando dinero de forma “amistosa” bajo amenaza de demanda. De hecho, el propio magistrado Fuentes Bujalance fue explícito en su resolución al declarar que: no se declara la responsabilidad de ninguna persona por haber cometido una infracción en esta fase; la medida “simplemente habilita un acceso a información necesaria”; y la información obtenida tiene prohibición de ser divulgada o comunicada a terceros y debe usarse exclusivamente para la tutela jurisdiccional.