La Junta vuelve a licitar los servicios de limpieza de institutos en Córdoba hasta 2027

Una licitación que muchas limpiadoras estaban esperando, sobre todo por lo sucedido hace apenas un año con los impagos de Mabraser. La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba ha vuelto a iniciar el proceso de contratación para el servicio de limpieza de diversos centros docentes públicos de la capital. Este contrato cubrirá las necesidades de mantenimiento durante los cursos escolares 2025/2026 y 2026/2027.

El alcance del servicio contempla un total de 15 sedes educativas, que incluyen principalmente Institutos de Educación Secundaria (IES) y la sede de los Equipos de Orientación Educativa (EOE). Para cubrir esta extensión, la administración ha estipulado un cómputo global de 72.460,73 horas de servicio distribuidas a lo largo de 220 días efectivos de limpieza por curso. El calendario operativo sigue el ritmo escolar provincial, estableciendo periodos de alta intensidad durante los meses lectivos y una reducción horaria a un tercio durante los periodos no lectivos de verano para el mantenimiento de las zonas administrativas. Además, se incluyen tres días específicos a finales de agosto para realizar una limpieza general antes del inicio del curso.

Recuerdos de Mabraser

La supervisión del cumplimiento de estas tareas recaerá directamente sobre los directores de cada centro, quienes han sido designados como responsables del contrato. Estos directivos tendrán la facultad de controlar la asistencia del personal, supervisar el suministro de materiales y expedir las certificaciones mensuales necesarias para el pago del servicio. De esta forma, se busca un control descentralizado que permita resolver cualquier deficiencia de limpieza de manera inmediata en el propio instituto, sobre todo después de lo ocurrido con Mabraser.

En cuanto a la ejecución técnica, el pliego impone una jerarquía de tareas con frecuencias diarias, semanales y trimestrales. Los trabajos diarios incluyen la desinfección integral de aseos, la limpieza de aulas y el vaciado de papeleras, mientras que tareas como el abrillantado de suelos de mármol o la limpieza de cristales exteriores se realizarán cada tres meses. Todas estas actividades deben realizarse preferiblemente fuera del horario de clases para no interferir con la labor docente.

Un pilar fundamental de esta nueva licitación es el compromiso con la sostenibilidad ambiental. Las empresas adjudicatarias están obligadas a utilizar productos químicos que cumplan con los requisitos de las ecoetiquetas europeas, priorizando aquellos con baja toxicidad y alta biodegradabilidad. Queda estrictamente prohibido el uso de ingredientes peligrosos como hidrocarburos halogenados o agentes blanqueadores con cloro, protegiendo así la salud de la comunidad educativa y el entorno.

El contrato también prevé situaciones excepcionales que requieran flexibilidad horaria, como la celebración de comicios electorales u oposiciones. En estos casos, el servicio podrá extenderse a los sábados si se programan actividades deportivas o extraescolares, siempre que el director del centro lo comunique con al menos una semana de antelación. Además, se contempla la posibilidad de que las empresas ofrezcan una bolsa de horas de refuerzo sin coste adicional para la administración.

Subrogación de la plantilla actual

En el plano laboral, la licitación garantiza la subrogación de la plantilla actual, cumpliendo con la normativa legal y el convenio colectivo del sector en Córdoba. El documento incluye una relación detallada de los trabajadores que la nueva empresa deberá incorporar, respetando su antigüedad y categorías profesionales de limpiador o peón especialista. Esta medida busca dar continuidad a los equipos humanos que ya conocen las particularidades de cada edificio educativo.

Este proceso de contratación se produce en un contexto de refuerzo de las garantías laborales, tras la resolución de contratos previos por impagos salariales por parte de antiguas adjudicatarias. El pliego actual advierte explícitamente que la administración podrá retener pagos a la empresa si se acredita la falta de abono de salarios o cotizaciones a la Seguridad Social. Con ello, la Delegación Territorial pretende evitar conflictos laborales que pongan en riesgo la higiene de los institutos.