Córdoba cierra el 2025 con el mayor número de expulsiones de inmigrantes en situación irregular desde 2019

El Gobierno de España ha hecho públicos, a través de una respuesta parlamentaria los datos oficiales sobre la ejecución de órdenes de expulsión de ciudadanos extranjeros en situación irregular, revelando una tendencia ascendente en la provincia de Córdoba. El año 2025 se ha consolidado como el periodo con mayor número de expulsiones ejecutadas en Córdoba desde el inicio de la serie tras 2019, alcanzando un total de 37 casos.

Los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes muestran que, tras el mínimo histórico de nueve expulsiones registrado en 2020 -año marcado por las restricciones de movilidad de la pandemia-, la cifra en Córdoba ha experimentado un incremento constante año tras año. De las 14 expulsiones en 2021, se pasó a 17 en 2022, 28 en 2023 y 34 en 2024, hasta llegar a las 37 ejecuciones del pasado 2025. Aunque el año 2019 registró una cifra superior (53), el último ejercicio marca el punto más alto de la actual tendencia al alza, superando los registros de los cinco años anteriores.

La ejecución de estas órdenes corre a cargo de la Policía Nacional, siguiendo estrictamente lo estipulado en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y el reciente Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que aprueba el nuevo Reglamento de dicha ley, según indica el Parlamento. Asimismo, las actuaciones se rigen por la Instrucción 4/2023 de la Comisaría de Extranjería y Fronteras.

La situación en Córdoba se enmarca en un contexto de repunte a nivel nacional. En el total de España, el año 2025 cerró con 3.398 expulsiones ejecutadas, lo que supone también la cifra más alta en el país desde 2019 -cuando se registraron 4.677-.

El informe gubernamental, emitido en respuesta a una pregunta del diputado navarro Alberto Catalán, ha aclarado, por último, que no existe un tratamiento estadístico que permita diferenciar cuántas órdenes de expulsión dictadas en los últimos siete años siguen pendientes de ejecución, ya que estas están sujetas a los plazos de prescripción que marca la ley.