Consumo gestionó 44 expedientes de alertas alimentarias en Córdoba el año pasado

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha gestionado en 2023 mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) un total de 341 expedientes de alertas, de los que 128 de ellos han tenido repercusión directa en nuestra comunidad autónoma al tener origen o distribución en establecimientos de nuestro ámbito.

Sobre el origen del producto implicado, 23 de los expedientes gestionados han sido por productos con origen en Andalucía, 14 de ellos de origen animal y nueve de origen vegetal. Los 105 expedientes de alerta restantes fueron de productos con origen de fuera de Andalucía, pero sí con distribución en la comunidad, de los que 31 correspondieron a productos de origen animal, 62 a productos de origen vegetal y 12 a otros tipos.

Por otro lado, y en relación con el riesgo determinado, de los 341 expedientes de alerta, 93 de ellos correspondieron a riesgos biológicos, 164 a riesgos químicos, 27 a riesgos físicos y 57 a otros riesgos. Los riesgos identificados en los expedientes de alerta que han requerido actuaciones de nuestra comunidad autónoma fueron 35 de riesgos biológicos, 57 de riesgos químicos, 11 de riesgos físicos y 25 de otros riesgos.

Respecto a las actuaciones realizadas por provincia, Málaga ha sido la que más alertas gestionó con 79 expedientes de alerta con origen o destino en establecimientos de su ámbito. Le siguen Sevilla con 69 expedientes de alerta, Granada con 51, Cádiz con 46, Córdoba con 44, Almería con 42, Jaén con 36 y finalmente Huelva con 25. La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica es el punto designado a nivel autonómico en el Sciri para gestionar, tratar e intercambiar datos, información y documentos sobre los controles oficiales que se realizan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco de las alertas alimentarias.

Las alertas alimentarias notifican la existencia de un riesgo en un alimento o material en contacto con éstos detectado en algún punto de la cadena alimentaria, definido éste como la ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y de la gravedad de ese efecto, y que requiere o podría requerir una acción rápida por parte de las autoridades competentes para su retirada de la cadena alimentaria.

En aquellos casos de evidencia de un riesgo grave en alimentos que ya están en manos de los consumidores, la información se traslada a éstos, de acuerdo con un protocolo de consenso nacional. Para una transmisión rápida y eficiente de toda información se utilizan herramientas que facilitan este intercambio de datos con el componente pertinente por vía electrónica, disponiendo de personal, tanto a nivel central como en cada provincia, que conforma una red de alertas de salud pública andaluza que actúa en caso necesario los 365 días del año.