El PSOE ve en las inmatriculaciones de la Iglesia un “escándalo inmobiliario”

Miembros de las plataformas cordobesa y navarra, a las puertas del Congreso.
Reunión en el Congreso de la Plataforma Mezquita Catedral de todos con los socialistas, IU y el Grupo Mixto

Juan Moscoso del Prado, portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista, ha denunciado hoy que el PSOE considera “el mayor escándalo inmobiliario de la historia de la democracia” la apropiación masiva de bienes de patrimonio histórico y cultural y bienes públicos que ha realizado la Iglesia Católica gracias a la reforma de 1998 del Gobierno de Aznar de la Ley Hipotecaria, que permitió al Cabildo de Córdoba la inmatriculación de la Mezquita Catedral.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando, y sus portavoces de Economía y Justicia, Juan Moscoso del Prado y Rosa Aguilar, se han reunido hoy en el Congreso de los Diputados con las Plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro y Mezquita-Catedral de Córdoba, con el objetivo de estudiar conjuntamente cuál es la estrategia más adecuada para lograr la reversión de todos los bienes inmatriculados ilegítimamente por la Iglesia Católica en toda España.

“Hemos valorado las diferentes alternativas que existen para lograr ese objetivo, que compartimos plenamente”, ha explicado el portavoz socialista de Economía, y “hemos acordado con las plataformas coordinar las actuaciones políticas y jurídicas que sean necesarias para lograr su reversión”, dijo.

“Todo ello ha sido posible gracias a la reforma legal introducida por el Gobierno de Aznar en el 1998, que permitió a la Iglesia Católica desde el mayor de los secretismos, inmatricular bienes hasta que la dimensión de lo apropiado saltó a la opinión pública, de nuevo con un gobierno del PP, que sigue avalando este escándalo”, advirtió Moscoso del Prado. En ese sentido, alertó de que el Gobierno de Rajoy “está dispuesto a amnistiarlo para siempre, negándose incluso a que se conozca el inventario de todos los bienes apropiados por esta vía inconstitucional y sustentada en una ley franquista”.

La apropiación de miles de bienes de dominio público por parte de la Iglesia Católica, entre ellos la Mezquita-Catedral de Córdoba como monumento más simbólico, llegó ayer al Congreso de los Diputados de la mano de las dos plataformas ciudadanas que denuncian lo que consideran un “expolio del patrimonio cultural” sin precedentes en la historia de España, según ha informado la plataforma cordobesa a través de una nota de prensa.

Las plataformas Mezquita-Catedral y de Defensa del Patrimonio Navarro se reunieron a lo largo de la mañana con los grupos parlamentarios del PSOE, IU y algunos integrantes del Grupo Mixto, entre ellos la diputada Uxue Barcos. Todos se comprometieron a activar medidas políticas y jurídicas para frenar las miles de inmatriculaciones de bienes públicos al amparo del artículo 206.1 de la Ley Hipotecaria, que otorga el privilegio a los diocesanos de registrar propiedades sin aportar título alguno.

Cayo Lara, coordinador general de IU, anunció ante los representantes de las plataformas ciudadanas que promoverán en el Congreso de los Diputados un pronunciamiento parlamentario que reconozca la “inconstitucionalidad del privilegio de la Iglesia” recogido en una ley que fue promulgada por la dictadura de Franco en 1946. Paralelamente, aseguró que IU impulsará entre los grupos políticos un recurso directo ante el TC, “que resuelva de una vez todas las apropiaciones” antes de que la reforma de la Ley Hipotecaria auspiciada por el Gobierno consolide la “amnistía registral” de la Iglesia. Junto a Cayo Lara, comparecieron el diputado José Luis Centella y la parlamentaria andaluza Alba Doblas.

La reunión con el Grupo Mixto tuvo lugar a última hora de la mañana y a ella asistió, entre otros diputados, Uxue Barcos, parlamentaria de Nafarroa Bai, quien garantizó que presentará una enmienda a la reforma de la Ley Hipotecaria, conjuntamente con IU y otros grupos, en la que se reconozca expresamente que el artículo 206 se encuentra derogado de forma automática tras la promulgación de la Constitución de 1978.

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