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La Diputación tendrá que volver a licitar las obras de 26 viviendas sociales financiadas desde Europa

El municipio cordobés de Iznájar

Juan Velasco

29 de mayo de 2026 20:00 h

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La Diputación de Córdoba y la empresa pública provincial CINCO S.A. han iniciado el procedimiento para resolver los contratos vinculados a parte del programa de vivienda protegida en alquiler social financiado con fondos europeos Next Generation tras detectarse importantes retrasos en varias promociones.

Según fuentes de la propia Diputación consultadas por este medio, actualmente permanecen paralizadas 26 de las 46 viviendas previstas en el programa, todas ellas vinculadas a lotes adjudicados a dos empresas externas que, según explican desde la institución, “no tenían estructura suficiente” para asumir el volumen de obra comprometido.

Las promociones afectadas se encuentran en los municipios de Aguilar de la Frontera, Dos Torres, Nueva Carteya, Fuente Palmera, La Carlota, Iznájar y El Viso. Desde la Diputación sostienen que, una vez comprobado que las obras acumulaban el retraso previsto en los pliegos para poder actuar administrativamente, se inició el procedimiento para resolver los contratos y, de manera paralela, preparar una nueva licitación de las actuaciones pendientes.

“La idea es que la nueva licitación pueda estar lista la primera semana de junio”, explican fuentes conocedoras del proceso, que apuntan a que los trabajos podrían retomarse entre septiembre y octubre si concurren nuevas empresas adjudicatarias. Las mismas fuentes subrayan que el problema afecta únicamente a una parte concreta del programa y recuerdan que el resto de promociones adjudicadas a constructoras de la provincia continúan ejecutándose con normalidad.

La Diputación descarta riesgo sobre los fondos europeos

Uno de los aspectos que más preocupación había generado era la posible pérdida de financiación europea ligada a los plazos de ejecución del programa. Sin embargo, la Diputación asegura que los fondos Next Generation “están garantizados” y niega que exista riesgo de devolución o pérdida de ayudas.

Según la versión trasladada desde la institución, se ha solicitado y formalizado una prórroga dentro de los mecanismos previstos para programas afectados por las dificultades generales del sector de la construcción, especialmente por el incremento de costes y los problemas de ejecución registrados en los últimos meses, tras la Guerra de Irán.

La Diputación sostiene además que la incidencia ya fue comunicada a las autoridades competentes y que los nuevos plazos permitirán completar las promociones “en tiempo y forma”, sin riesgo de perder la financiación.

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La institución niega impagos en las certificaciones

Asimismo, desde la Diputación niegan que haya habido impagos o retrasos en el pago a empresas y subcontratas y aseguran que todas las certificaciones de obra presentadas fueron abonadas “en tiempo y forma”. Desde la institución desvinculan por tanto la paralización de las obras y los despidos producidos en empresas vinculadas a las promociones de cualquier retraso en pagos por parte de la administración provincial.

No obstante, reconocen haber tenido conocimiento de conflictos laborales relacionados con trabajadores de las empresas afectadas, aunque sostienen que esas incidencias corresponden al ámbito interno de la adjudicataria y no a obligaciones pendientes de la Diputación o de CINCO S.A.

Un programa de 46 viviendas sociales en 11 municipios

El programa impulsado por Diputación y CINCO contempla la construcción de 46 viviendas protegidas destinadas a alquiler social o asequible en distintos municipios de la provincia, con financiación vinculada al Plan de Recuperación y fondos Next Generation EU.

El proyecto nació con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda social de alta eficiencia energética y contaba inicialmente con horizonte de finalización en junio de 2026. Ahora, tras la paralización parcial de más de la midad de las viviendas proyectadas y el próximo inicio del proceso de rescisión contractual, la continuidad del programa dependerá de la rapidez con la que puedan volver a adjudicarse las obras pendientes.

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