El Defensor del Pueblo entra de lleno en las tasas que cobran los ayuntamientos a los opositores

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha instado a los ayuntamientos andaluces con menos de 50.000 habitantes a revisar y adecuar las tasas que imponen por el derecho a examen en los procesos selectivos de empleo público. En una reciente resolución, Maeztu señala que estas tasas deben ajustarse a la capacidad económica de los aspirantes y no suponer un obstáculo para el acceso a la función pública, especialmente en municipios pequeños donde los ingresos medios suelen ser más bajos.

La intervención del Defensor del Pueblo Andaluz se produce tras recibir varias quejas de ciudadanos que consideran excesivas las tasas de examen en algunos municipios pequeños de Andalucía. Según Maeztu, estas tarifas, en algunos casos, son desproporcionadas y podrían estar vulnerando el principio de igualdad de oportunidades, ya que el coste elevado podría impedir que personas con recursos económicos limitados puedan participar en los procesos selectivos.

En su resolución, Maeztu expone que, en los ayuntamientos de menor tamaño, donde los recursos económicos son más limitados y la oferta de empleo público es menos frecuente, el coste de las tasas de examen cobra aún más relevancia. La desproporción de estas tasas respecto a la capacidad económica de los habitantes de estas localidades podría generar una barrera económica insalvable para muchos aspirantes, contradiciendo así el principio de acceso igualitario a los empleos públicos.

El Defensor del Pueblo Andaluz subraya que las administraciones locales deben ser conscientes del impacto que estas tasas tienen en la igualdad de oportunidades y la cohesión social. La imposición de tasas elevadas podría derivar en una selección negativa de candidatos, excluyendo a personas con potencial pero con menores recursos económicos, lo que a largo plazo afectaría la calidad de los servicios públicos.

Una llamada a la reflexión y al ajuste de tarifas

Jesús Maeztu ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos andaluces de menos de 50.000 habitantes para que revisen sus ordenanzas fiscales en relación con las tasas de examen y ajusten estas tarifas a la realidad socioeconómica de sus poblaciones. El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda que estas tasas se establezcan de manera proporcional y equitativa, teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional y el coste de la vida en cada municipio.

Además, Maeztu sugiere que se valoren exenciones o reducciones para colectivos vulnerables, como personas desempleadas, jóvenes en búsqueda de su primer empleo, o aquellos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Con ello, se pretende garantizar que el acceso a los empleos públicos no esté condicionado por la capacidad económica de los aspirantes.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha enfatizado que el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos es un principio recogido en la Constitución Española y que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar este derecho. Las tasas de examen deben ser justas y no deben constituir una barrera económica para ningún ciudadano.

Maeztu ha recordado a los ayuntamientos que la fijación de las tasas no puede realizarse de manera arbitraria ni desproporcionada, y ha insistido en la necesidad de que las corporaciones locales evalúen el impacto de estas tarifas en la población antes de su imposición. Esta medida busca prevenir situaciones en las que las tasas excesivas limiten el derecho al acceso a la función pública, afectando a la igualdad de oportunidades y a la calidad de los servicios municipales.

La resolución del Defensor del Pueblo Andaluz ha sido bien recibida por algunos colectivos sociales y sindicales que ven en esta medida un avance hacia la igualdad de acceso al empleo público en Andalucía. Se espera que en los próximos meses los ayuntamientos afectados revisen sus ordenanzas fiscales y ajusten las tasas conforme a las recomendaciones del Defensor.

El caso de Córdoba

Maeztu ha preguntado en ayuntamientos pequeños sobre las tasas a los exámenes y si los mismos han contemplado aún tipo de exención. De 77 municipios, solo han respondido 24 a las preguntas del Defensor.

Cinco municipios han declarado no contar con ordenanza fiscal reguladora de la tasa y por tanto no cobrar dicha tasa. No obstante, manifiestan reconocer el principio de capacidad económica y las exenciones o bonificaciones en la tasa para aquellos sectores más vulnerables cuando procedan a la regulación legal de la tasa por derecho de examen.

Otros 10 municipios, dicen haber tenido en cuenta a la hora de fijar la tasa el principio de capacidad económica, pero no han fijado ninguna exención o bonificación para los sectores más vulnerables; si bien estarían dispuestos a reconocerlas en posibles modificaciones de las ordenanzas.

Sólo dos de los municipios preguntados han contemplado únicamente el principio de capacidad económica al determinar el importe de la tasa, sin fijar ninguna excepción ni bonificación para aquellos sectores más vulnerables, aunque manifiestan que es su voluntad incluir éstas en próximas modificaciones. Un solo municipio no ha contemplado en sus ordenanzas ninguna bonificación ni exención en la tasa para estos sectores más vulnerables ni es su intención incluir dichas exenciones o bonificaciones en el futuro.