“Colapso” en el único juzgado de violencia sobre la mujer de Córdoba, tras comenzar a asumir todos los delitos sexuales

La situación en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba ha llegado a un punto límite. Sus once trabajadores han denunciado este lunes públicamente el colapso absoluto del órgano judicial, que desde el pasado 3 de octubre ha asumido, además de los casos de violencia de género, la instrucción de todos los delitos contra la libertad sexual, incluidos los de agresión y acoso sexual.

Una carga que, según ha explicado Alberto Armas, portavoz de los trabajadores, ha supuesto un aumento inmediato del volumen de trabajo de alrededor del 30% en un juzgado ya previamente desbordado. Los funcionarios aseguran que llevan años advirtiendo de esta situación de “abandono y desprecio” por parte de las administraciones competentes. A pesar de haber elevado peticiones urgentes desde hace más de dos años –han mostrado una con fecha del 28 de junio de 2023–, afirman no haber recibido respuesta ni refuerzos suficientes. “Todo lo contrario”, denuncian. “Nos han impuesto nuevas competencias sin ningún tipo de apoyo adicional, ni humano ni material”.

Con una sola sede y una plantilla compuesta por apenas once personas, el juzgado atiende a una población de más de 340.000 habitantes, la ratio más alta de toda Andalucía en juzgados de este tipo. Para contextualizar el colapso, los trabajadores comparan su situación con la de otras capitales andaluzas: Almería, con 330.000 habitantes, cuenta con dos juzgados de violencia sobre la mujer; Sevilla, con un millón, tiene cuatro. En Córdoba, un único juzgado asume toda la carga de trabajo, sin apoyos ni desdoblamiento previsto.

“Cien mil habitantes más que el juzgado que más tiene”, destacan en su comunicado. “Volvemos a repetir: el juzgado de violencia que más tiene. Basta ya”, señalan los trabajadores, que recuerdan que, a partir de enero, este mismo juzgado va a asumir las competencias de los de Lucena, Cabra y Pozoblanco. En total: 80.000 ciudadanos más serán dirigidos a la capital parte temas relacionados con problemas en el entorno intrafamiliar (ya sea civil o penal) y con los delitos sexuales.

Estrés, ansiedad y bajas médicas

Los funcionarios describen unas condiciones laborales al borde del colapso físico y mental. Jornadas interminables, horarios indefinidos, comida ausente, detenidos que llegan a última hora del día y un ritmo de trabajo constante bajo presión, han provocado un aumento de bajas laborales por estrés y ansiedad. “Estamos al límite, sin recursos, sin conciliación familiar, sin descanso”, denuncian, relatando que se organizan entre ellos para repartirse el trabajo extra, por el que tampoco cobran compensación económica.

La situación afecta no solo a los empleados, sino a las propias víctimas de violencia de género y delitos sexuales, que deben ser atendidas con urgencia y sensibilidad. “Estas personas deben estar en nuestras dependencias el menor tiempo posible, pero no podemos atenderlas como se merecen si no tenemos ni los medios ni la salud para hacerlo”, explican. Además, subrayan que el juzgado se mantiene en situación de guardia todos los días del año, sin opción de descanso, lo que agrava aún más el desgaste físico y emocional del personal.

Desde la plantilla apuntan también al grave desconocimiento por parte de las autoridades sobre el funcionamiento real del juzgado. Mencionan, por ejemplo, que durante días se les inutilizó el sistema Adriano Civil –clave para la tramitación de procedimientos civiles– y que el sistema Nautius, utilizado para el registro de demandas, no está operativo por falta de instalación. Esto ha generado un embudo en la tramitación de causas que, aseguran, seguirá creciendo si no se toman medidas urgentes.

“No somos máquinas. La justicia no puede sostenerse a costa de nuestra salud y dignidad”, señalan con contundencia los trabajadores, que insisten en que la solución no puede ser “trasladarnos a otros juzgados” o asumir más funciones sin un refuerzo estructural. Piden un aumento inmediato de plantilla, medios materiales y una reorganización de la carga de trabajo. “Lo ideal sería que se hubiera dos juzgados para asumir todas las causas. Así, la ratio sería de 210.000 personas para cada juzgado, similar a la de Sevilla”, ha defendido Armas.

En este ámbito, el Consejo de Ministros aprobó en junio la creación de una nueva plaza de juez y otra de fiscal para la violencia sobre la mujer. No obstante, los trabajadores defienden que si se aumentan esas dos plazas, también deben convocarse nuevas plazas de funcionarios judiciales.