Caso 'Joven intruso'

El alcalde de Pozoblanco confía en que la justicia le dé la razón: “Entonces, habrá que pedir disculpas a la familia”

Desde que se conociera el caso del joven que cobró del Ayuntamiento de Pozoblanco sin ir a trabajar, el alcalde del municipio, Santiago Cabello, apenas ha dado declaraciones al respecto. Horas después de la primera noticia al respecto, que se produjo el 11 enero, su gabinete de comunicación emitió un escrito en el que aseguraba que se había abierto “un procedimiento interno para aclarar lo sucedido”. Tras esto, una rueda de prensa y otro comunicado más cuando se conoció que la Fiscalía había abierto diligencias de investigación por prevaricación y malversación.

Pese a la gravedad del asunto, ni Cabello ni su gabinete de prensa han querido atender a este medio, pese a las continuas preguntas al respecto. Solo se ha manifestado en los plenos en los que se ha tratado la comisión local de investigación que estudia el caso. La última ocasión ha sido en el de este martes con motivo de la prórroga de esta comisión. A instancias de esta figura, el alcalde se mostró esperanzado en que “la Fiscalía y el juez” darán la razón al Ayuntamiento, aunque no señaló en qué.

Cabe recordar que un juez ya ha fallado que el joven cobró sin trabajar durante cinco meses y nueve días, y que, sin contrato firmado, no hubo ninguna de las vulneraciones de derechos fundamentales que el chico defendía. A ello se suma que el joven ha devuelto todo lo que ingresó, más intereses de demora -en total, 7.703,01 euros-, después de que el Ayuntamiento pozoalbense iniciara un procedimiento de reintegro el pasado mes de mayo.

A pesar de ello, Cabello comentó en el pleno del pasado martes que todos los concejales “saben cuál va a ser el resultado de la comisión, porque tienen perfectamente toda la documentación, y serán la Fiscalía y un juez quienes dictamen el sentido de esta comisión”. Según comunicó el propio alcalde, el Ayuntamiento recibió el pasado 12 de septiembre el requerimiento del Ministerio Público solicitándole un informe acerca de la legalidad del proceso de selección y contratación para el puesto de integrador social, al que concurrieron este joven y otra chica. Ambos cobraron, pero el primero lo hizo sin trabajar, hecho que se constata de la documentación que tiene este medio y que ha sido ratificado por un juez.

De aquel “procedimiento interno” que anunció en enero, el resultado fue que hubo una “cadena de incidencias” y su edil de Personal, Gerado Arévalo, fue cesado de sus funciones y, posteriormente, expulsado del grupo municipal popular. El Ayuntamiento no inició entonces el expediente de reintegro de las cantidades indebidamente cobradas que sí incoó 28 mayo.

En el pleno de este martes, el gobierno local -que cuenta con mayoría absoluta- aprobó una ampliación del plazo de la comisión, que estará vigente hasta el 31 de diciembre. Se trata de la segunda prórroga que se aprueba, cuando en el momento de su creación se acordó que la duración de la misma sería de tres meses. Es decir, del 23 de febrero hasta finales de mayo. La última reunión se produjo el día 7 de ese mes.

Después, se aprobó la primera prórroga, que expiró a finales de agosto. Hasta ese momento, PSOE e IU esperaban la ratificación del informe final de la comisión y la firma de las actas. Sin embargo, esta ampliación del plazo de nada ha servido, ya que el presidente de la comisión, el propio Cabello, no la ha convocado, algo que ha sido criticado por la oposición. Según el alcalde, en julio no se han citado a los participantes de la comisión porque “han continuado el procedimiento de otros trámites administrativos”, aunque no ha especificado cuáles, y agosto “es un mes inhábil”.

En vistas a esto, la comisión se ha ampliado hasta el 31 de diciembre con el voto en contra de Arévalo, que consideró que esta decisión era “una burla a la ciudadanía” e innecesaria. “Alargar el plazo es un intento de ganar tiempo para evitar responsabilidades claras porque usted no reconoce sus errores”, le ha espetado a Cabello. La propuesta de IU fue de un mes y la del PSOE, de dos, pero finalmente la comisión estará vigente hasta el 31 de diciembre.