El PP inicia una campaña contra la ocupación ilegal de viviendas y en defensa de la propiedad privada

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El PP de Córdoba ha iniciado una campaña contra la ocupación ilegal de viviendas y en defensa de la propiedad privada, lo que conlleva llevar una moción en tal sentido a los plenos de los ayuntamientos de la provincia y de la Diputación cordobesa, además de una recogida de firmas para apoyar la Proposición de Ley que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha presentado en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el presidente provincial del PP cordobés, Adolfo Molina, quien ha afirmado que, “tanto en España, como en Córdoba, existe un problema real que sufren muchas personas, el de la ocupación ilegal de viviendas, aunque el vicepresidente Pablo Iglesias diga lo contrario”.

Así, según ha detallado, a nivel nacional “las ocupaciones ilegales de viviendas han subido un 58 por ciento en los últimos cinco años, y entre enero y junio de este año se han puesto 7.450 denuncias por ocupación”, a las que se suman “otras muchas” ocupaciones “que no llegan a denunciarse”, siendo “escalofriante que se ponen 41 denuncias diarias en este país por ocupación de vivienda, y hoy existen más de 87.000 viviendas que están ocupadas de forma ilegal en España”.

Según ha señalado Molina, la provincia de Córdoba es la tercera de Andalucía más afectada por este problema, ya que “en el año 2019 tuvo una media de 60 ocupaciones ilegales al mes”, detallando que “en la ciudad de Córdoba este problema lo sufren muchos vecinos del casco histórico, de la Huerta de la Reina, de las barriadas periféricas y muy en concreto de la Carrera del Caballo”.

“Con estos datos --ha proseguido-- está claro que la ocupación ilegal es un problema real para muchas personas, que ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada, y que altera gravemente la convivencia vecinal”.

Molina ha asegurado que las ocupaciones ilegales “son hoy por hoy una lacra social que afecta a cada vez más familias, que ven como los ocupas actúan de forma impune, sin que haya una respuesta firme que garantice sus derechos básicos”.

A esto se suma “la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para después alquilarlos de forma ilegal a personas en situación de mayor vulnerabilidad. Esto cuanto menos genera una gran impotencia entre los propietarios y los vecinos de estas viviendas, que no puedan hacer gran cosa para evitar estas situaciones”.

Por ello, según ha argumentado, “es necesario reforzar el ordenamiento jurídico, para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal, además de proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, sumado a la lucha activa contra la mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio”.

Por eso, según ha subrayado Molina, su partido ha llevado al Congreso de los Diputados una Proposición de Ley “con cinco medidas muy concretas: que se pueda desalojar a los ocupas en 12 horas, que la ocupación con violencia se castigue con penas de cárcel de uno a tres años, que la incitación a la ocupación también se castigue con penas de cárcel de tres meses a un año, y que no se permita que los ocupas se puedan empadronar en las viviendas ocupadas ilegalmente”.

Molina ha concluido avanzando que los populares van “a pedir firmas a todo aquel que esté de acuerdo con estas medidas, que son sencillas, realistas y se ajustan al Derecho y al sentido común de la mayoría de los españoles”.

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