El PP defiende que los contratos en el Imdeco están “justificados”

Miguel Ángel Torrico, ayer en la sala de prensa | RAFAEL MELLADO
Torrico acusa a CTA de protagonizar una “escalada de ataques” y que debería haber puesto la denuncia en lo Contencioso Administrativo

“Es sencillamente un peldaño más en la escalada de ataques que estamos sufriendo por parte de los sindicatos, en este caso de un sindicato concreto, que si hubiera creído en su momento que era objeto de algún tipo de reproche jurídico, lo tendría que haber presentado en ese momento”. El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, reaccionó así a la denuncia que ha interpuesto el sindicato CTA contra el presidente del Instituto Municipal de Deportes, Miguel Reina, por un presunto delito de prevaricación.

Torrico indicó que los contratos del Imdeco están “totalmente justificados” y que la denuncia, si acaso, debería haberse presentado por la vía del Contencioso Administrativo y no a través de la Fiscalía Provincial de Córdoba. “Es bastante llamativo que un sindicato que está en confrontación permanente con el equipo de gobierno el último día de la campaña electoral anuncie esa denuncia”, insistió.

La denuncia se refiere a dos decretos cuyo importe, sumado, superaría el límite económico para este tipo de contratos. El primer decreto lo firmó Reina el 20 de mayo de 2013 (número 158) en el que se contratan los servicios para la gestión de recursos humanos en el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba por un importe de 18.000 euros más IVA: 21.780 euros en total. El segundo decreto se firmó en el 10 de octubre de ese mismo año por un importe de 12.500 euros más IVA (15.125 euros en total) para el asesoramiento jurídico del organismo municipal.

La denuncia acusa al responsable del Instituto Municipal de Deportes de fraccionar estos contratos y le acusa, por tanto, de un supuesto delito de prevaricación.

En octubre de 2013 ya trascendió que el IMD iba a contratar los servicios jurídicos de Cuatrecasas para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que entonces llevó a cabo. En total, este ERE afectó a 20 trabajadores de este organismo dependiente del Ayuntamiento de Córdoba.

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