Obras que nunca acaban: los grandes proyectos cordobeses empezados y ahora paralizados

Centro de Convenciones en el Parque Joyero | MADERO CUBERO

Todas las administraciones públicas en Córdoba se enfrentan al mismo problema. Tras años de trámites, de diseños de presupuestos, de negociaciones, de tramitación de expedientes, arrancan obras que suelen ser complejas. Pero una vez en marcha, la empresa constructora dice que no tiene dinero para seguir adelante. Que o se le tramita un proyecto modificado o tendrá que abandonar. Y abandona.

La última ha sido la obra del Templo Romano de la calle Claudio Marcelo. La empresa ha visto que no le llegaba el presupuesto a todo lo que tenía que hacer y ha decidido parar para negociar con el Ayuntamiento. Si no hay acuerdo, suspenderá los trabajos. Y comenzará un largo proceso administrativo que es el que ha empantanado los grandes proyectos de la ciudad. Ayuntamiento, Junta y Gobierno se enfrentan a un problema común en España, víctimas de una ley de contratación que obliga a adjudicar a la empresa que ha ajustado la oferta económica más, sin incurrir en bajas temerarias. Pero al final muchas de esas ofertas lo son. Solo hay que remitirse a las pruebas.

Un caso de libro es la obra del Centro de Convenciones del Parque Joyero. Adjudicada por el anterior gobierno del PP en el Ayuntamiento, a escasos nueve meses de que concluya el mandato el Ayuntamiento aún no ha podido readjudicar lo que queda de obra. La obra quedó paralizada al 52% de su ejecución cuando la constructora UCOP dijo que ya no tenía dinero para seguir adelante. Por la ley de contratos, es casi imposible presentar un proyecto modificado a una obra como sí que se hacía antes del cambio de la normativa (algo muy habitual en los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria). Eso obliga a rescindir el contrato, rehacer el proyecto y readjudicarlo. Y a paralizar el proyecto mientras tanto.

El Ayuntamiento es la administración con más proyectos de envergadura paralizados. El caso de la Normal de Magisterio es aún más sangrante. La obra está acabada pero los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo consideran que no rematada del todo y que algunos lugares no son seguros. En el cruce de informes administrativos, técnicos y jurídicos se alargan los plazos. El reloj corre y el edificio sigue cerrado a cal y canto desde que comenzasen sus obras, hace ya ocho años.

La nueva ley de contratos penaliza también al Gobierno, responsable de la normativa. En Córdoba, el caso más claro es el de la Biblioteca Pública del Estado. Sus trabajos comenzaron también muy tarde, tras años de diseño del proyecto. Pero cuando la obra había superado el 80% de ejecución se quedó sin dinero. El Gobierno admitió que el proyecto necesitaba un modificado, pero no del importe que la constructora le requería. Mismo camino: rescisión del contrato, rediseño del proyecto y readjudicación. Mientras tanto, el edificio vacío y los plazos corriendo.

La Junta acaba de resolver un problema similar en el Palacio de Congresos de la calle Torrijos. El Gobierno andaluz decidió en 2014 reformar el espacio en una obra que no debía haber durado más de un año y medio. Pero ocurrió lo mismo. Una adjudicación a la baja hizo que la empresa se quedase sin recursos para seguir ejecutando. La Junta tuvo que rescindir toda la obra y finalmente gracias a un convenio con la empresa pública Tragsa ha podido desbloquear unos trabajos que ya ha acabado. El mes que viene se reabrirá un espacio que lleva más de cuatro años clausurado.

Pero el caso que más le duele a la Junta es lo que sucede con el salón rico de Medina Azahara. Cerrado desde hace una década, los turistas no pueden contemplar el espacio más espectacular de un yacimiento que acaba de ser declarado Patrimonio Mundial. Problemas con la adjudicataria, con el director de la obra de restauración y hasta con un convenio con una fundación privada ha bloqueado el proyecto. Tanto, que la Junta ha optado por intentar reabrir el espacio aunque la obra no esté acabada.

La contratación pública cordobesa sufre los procesos administrativos de una norma que obliga a adjudicar a la constructora que presente la mejor oferta económica. Algunas empresas, conscientes de que al final acaban penalizadas, han comenzado a renunciar a obras incluso cuando han ganado concursos. Sucedió con la reforma del antiguo convento de Regina. El Ayuntamiento adjudicó la obra a una empresa que hizo cuentas a posteriori y renunció. Pero lo mismo le ocurrió a la segunda. Aquí la obra no ha empezado, pero al menos no se ha quedado a medias.

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