El Movimiento Ciudadano pide recuperar el consenso sobre el uso del superávit municipal

El Consejo del Movimiento Ciudadano, ante la polémica establecida sobre el uso del  superávit municipal acumulado, que actualmente ronda los 22 millones de euros, pide a

los seis partidos con representación municipal, y a su vez con representación en el

Parlamento nacional y autonómico, que busquen un acuerdo de toda la corporación sobre

el uso del controvertido superávit.

En una nota, señala que, hasta ahora, en el Ayuntamiento de Córdoba existía el acuerdo unánime para solicitar que el Gobierno central permitiera el uso de dicho superávit, que se ha generado a través del esfuerzo tributario de todos los cordobeses y cordobesas y atender los múltiples frentes abiertos por la pandemia. Por ello, dice que no tiene

sentido que posiciones encontradas a nivel estatal se trasladen sin más en el pleno

municipal, provocando una polémica estéril.

El Consejo del Movimiento Ciudadano “siempre ha mostrado su oposición a la ley de

estabilidad del año 2012 que ha generado un corsé de gasto a los ayuntamientos. Esta

dificultad, unida a otras normas como la limitación del gasto o la aplicación de una tasa

de reposición de personal absolutamente insuficiente para cubrir las jubilaciones de

personal, ha degenerado en la debilidad de los servicios públicos municipales de todo

tipo, de tal forma que corren el peligro de su cierre, cuando más se necesita la acción

pública. Asimismo, desde la FEMP se ha solicitado reiteradamente, de forma unánime

también, que se flexibilizara o eliminara esa normativa y se permitiera dotar a los

municipios de suficientes recursos económicos y humanos para abordar las necesidades

de cada municipio“.

Por eso, “no es fácil entender que la ley de estabilidad siga en vigor y que ningún gobierno

haya propuesto ya su modificación a pesar de las peticiones constantes de los

ayuntamientos de toda índole política. Y tampoco es fácil comprender que, cuando los

ayuntamientos han tenido que multiplicar sus ayudas sociales para atender las

necesidades básicas durante la pandemia; cuando el transporte público colectivo ha

tenido que reducir radicalmente sus ingresos; cuando son necesarias políticas de apoyo a

los sectores económicos de la ciudad que sobreviven de mala manera, … ahora no

pueda el Ayuntamiento contar con sus ahorros de forma autónoma, lo que se podría

haber hecho cambiando la ley de estabilidad a través de un real decreto ley u otra forma

jurídica“.

Por estas razones el CMC “considera necesario recuperar el consenso. Para ello, hay que

esperar a que el Congreso de los Diputados decida si ratifica sin cambios el acuerdo

firmado por el Gobierno central y la FEMP o si lo modifica. Estamos convencidos de que

el documento aún es mejorable con mayor participación política, absolutamente

necesaria, ya que por ahora el Gobierno no cuenta con apoyo suficiente para su aprobación tal cual está. Pero una vez se pronuncie el Parlamento nacional, y la norma

sea firme, el Ayuntamiento deberá usar el mecanismo que se decida legalmente y que,

aunque no sea el ideal, permitirá contar con mayor financiación que contribuya a cubrir

los gastos ya generados, derivados de la pandemia, aplicar en toda su extensión el plan

de choque, y evitar déficits en las empresas y organismos públicos. Este es el momento

de olvidar posiciones partidistas, por razonadas que estén, si perjudican a la ciudad. Más

aún cuándo esta crisis sanitaria, social y económica se prevé de larga duración“, aduce.