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El Pleno rechaza aprobar un plan de vivienda y cargar el IBI a las que estén vacías

Bloques de viviendas nuevas en Córdoba.

Carmen Reina

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Los grupos municipales del PP, Ciudadanos y Vox en el Ayuntamiento de Córdoba han rechazado con sus votos en el Pleno la creación de una Mesa y un Pacto por la Vivienda para desarrollar políticas en este ámbito, que incluyeran cargar en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías de la capital.

La propuesta venía por parte de IU y Podemos presentada en una moción en el Pleno de este jueves, que no ha contado con los votos suficientes y que preveía también recuperar la Oficina de la Vivienda, además de crear una Mesa por la Vivienda con representantes políticos y sociales, y trabajar por un pacto de mínimos en este ámbito para el desarrollo de políticas de vivienda en la ciudad.

La propuesta rechazada también incluía la elaboración del nuevo Plan de Vivienda de Córdob, medidas que den cobertura a las medidas del Plan VIVE para la Protección de personas afectadas por desahucios, e instar a la Junta de Andalucía a ejecutar la inversión comprometida y necesaria para cumplir con el Área de Rehabilitación Urbana de la Axerquía, promover ofertas de alquiler asequible con derecho a compra en las Promociones de VIMCORSA, incorporar en las futuras inversiones a cargo del superávit partidas para el aumento del parque de vivienda público para alquiler asequible y previendo la segunda fase de Sama Naharro.

IU y Podemos habían pedido también la mediación y un programa con entidades financieras para la cesión de viviendas para uso social, especialmente, centrándonos en aquellas que estén sin ocupación en larga duración, así como instar al Gobierno de España para aprobar una ley estatal de vivienda, que permitiera su desarrollo en el marco las competencias de las comunidades autónomas y municipios, que blindara la función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna.

Además, con todo ello, se ha rechazado garantizar un alquiler estable, seguro y asequible, aumentando el parque público de vivienda en alquiler social y asequible en Córdoba, adoptando mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de vivienda vacía en manos de grandes tenedores de vivienda a las administraciones públicas competentes.

Petición de fondos anticrisis del Gobierno y la UE

De otro lado, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba se ha adherido a la petición firmada por los alcaldes de Cádiz, Gerona, Lérida, Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona, Valencia y Zaragoza, para solicitar ayudas de los fondos anticrisis del Gobierno y la Unión Europea (UE).

El acuerdo solicita al Gobierno de España replantear las ayudas estatales a los municipios, avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual y definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros.

Asimismo, reclama al Gobierno central la aprobación de manera urgente de un Fondo de Reconstrucción Local por valor, al menos de 4.000 millones de euros; la aportación de un Fondo del Transporte de al menos 1.000 millones de euros, ampliables para poder hacer frente a los efectos que puedan producirse durante 2021; y el reconocimiento del protagonismo que las Entidades Locales deben tener en la gestión directa de Fondos de la Unión Europea para la Reconstrucción, haciendo efectiva la transferencia del 14’56 % de los mismos que equivale a la participación de la Administración Local en el gasto público del Estado.

De igual forma, se reivindica “el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus”, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera. “El combate contra la pandemia nos ha supuesto un gran agujero financiero para costear los servicios públicos que necesitan nuestros vecinos”. Igualmente, reivindican los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus. “Estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica”.

Y se comprometen a “seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el que vivan y de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos”. 

Rechazo al decreto del Gobierno sobre la PAC

El Salón de Plenos del Ayuntamiento también ha vivido un segundo debate entre las mociones presentadas por los grupos políticos, en este caso, sobre una propuesta del PP por la que se ha aprobado que el Consistorio se una “al rechazo al Real Decreto de convergencia, por ser innecesario, porque condiciona el futuro de muchos andaluces y porque determina las negociaciones de cara a la nueva PAC”.

Este acuerdo ha salido adelante con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, mientras que el PSOE, IU y Podemos han votado en contra. La moción aprobada incluye también solicitar al Ministerio de Sgricultura la retirada del Real Decreto de convergencia, “para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que se había acordado para el período actual”, además de brindar su apoyo al complejo agroalimentario andaluz de cara a la nueva PAC, persiguiendo la elaboración de un Plan Estratégico que permita cumplir con las directrices europeas respetando nuestra diversidad productiva. “La reforma no puede hacer daño a una región con la importancia agraria que tiene Andalucía”, ha significado el acuerdo, que venía de la mano de organizaciones agrarias -COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias y Asaja-.

Por último, este acuerdo tomano en el Pleno se trasladará al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y a los distintos Grupos Políticos del del Congreso, Senado y del Parlamento de Andalucía.

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