Solicitan al Ayuntamiento de Córdoba que extienda la moratoria de pisos turísticos a los hoteles y apartamentos

La Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (AVACOR) ha anunciado que solicitará formalmente al Ayuntamiento de Córdoba que amplíe la actual moratoria sobre nuevas licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT) a los Apartamentos Turísticos (AT) y a los establecimientos hoteleros. La organización considera que limitar la suspensión únicamente a las viviendas turísticas genera una situación de desigualdad y desvía la inversión hacia otras modalidades de alojamiento.

La asociación sostiene que, si el objetivo del Consistorio es ordenar el crecimiento del alojamiento turístico y evaluar su impacto en la ciudad, las restricciones deben aplicarse de manera homogénea a todo el sector. De lo contrario, afirma, la inversión simplemente se traslada a aquellos modelos que no están sujetos a limitaciones, sin cumplir el objetivo de planificación previsto.

Como ejemplo, AVACOR cita el caso de Málaga, donde el Ayuntamiento decidió ampliar la moratoria a los apartamentos turísticos y a determinados establecimientos hoteleros tras comprobar que la inversión se estaba desplazando hacia estas modalidades una vez restringidas las Viviendas de Uso Turístico. A juicio de la entidad, este precedente demuestra que las medidas de planificación solo resultan eficaces cuando afectan al conjunto del sector.

La presidenta de AVACOR, Raquel Castro, defiende que cualquier moratoria debe aplicarse “con los mismos criterios para todos”. En este sentido, considera que no es coherente impedir la apertura de nuevas Viviendas de Uso Turístico mientras continúan autorizándose numerosos apartamentos turísticos y hoteles, ya que, según afirma, “eso no es ordenar el sector; es desplazar la inversión de un modelo a otro”.

La asociación recuerda que la mayoría de sus asociados son pequeños propietarios, gestores y empresas locales cuyos ingresos repercuten directamente en la economía cordobesa mediante la rehabilitación y conservación de inmuebles, la contratación de servicios locales y el impulso al comercio y la hostelería de la ciudad.

En contraste, AVACOR sostiene que una parte importante de las nuevas inversiones en apartamentos turísticos y hoteles procede de grandes operadores, cadenas hoteleras, sociedades patrimonialistas y fondos de inversión, cuyos beneficios, en muchos casos, no permanecen en Córdoba.

“Las Viviendas de Uso Turístico representan el esfuerzo de familias, autónomos y pequeñas empresas que han invertido sus ahorros en rehabilitar inmuebles y generar actividad económica en sus barrios. Penalizar únicamente a este colectivo supone castigar precisamente al modelo que más riqueza redistribuye en la economía local”, señala Castro.

La presidenta insiste en que la petición no busca un trato de favor, sino igualdad de condiciones. Según explica, si existen razones de interés general para limitar el crecimiento del alojamiento turístico, esas limitaciones deberían afectar a todas las modalidades. En caso contrario, considera que no deberían mantenerse restricciones exclusivas para las Viviendas de Uso Turístico.

AVACOR afirma que Córdoba tiene la oportunidad de adoptar una regulación equilibrada basada en criterios objetivos, seguridad jurídica y respeto al principio de igualdad, evitando diferencias de trato entre operadores y garantizando que las medidas de planificación respondan realmente a los fines para los que fueron diseñadas.

La entidad también reitera su disposición a colaborar con el Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones que permitan compatibilizar el desarrollo turístico con el acceso a la vivienda, la convivencia vecinal y la actividad económica.

Por último, AVACOR hace un llamamiento a los propietarios de Viviendas de Uso Turístico (VUT) y Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural (VTAR) de la provincia para que se incorporen a la asociación, con el objetivo de fortalecer la representación del sector ante las administraciones públicas y participar activamente en la elaboración de futuras normas que afecten a la actividad turística.