Los propietarios del local de la Peña Campo la Verdad defienden que han respetado el contrato de alquiler

La familia propietaria del inmueble que ha albergado durante casi 15 años la Peña Flamenca Campo la Verdad ha salido al paso de las declaraciones por parte del presidente de la entidad, José Martínez, defendiendo que la salida de la asociación se ha hecho “respetando sobradamente la legalidad” en todo el proceso y aclarando que la venta de la vivienda responde exclusivamente a “una necesidad imperiosa” relacionada con el estado de salud y la avanzada edad de sus propietarios.

Según el portavoz designado por la familia, las declaraciones de Martínez han causado un profundo malestar, porque incluían numerosas imprecisiones, “cuando no afirmaciones falsas”. Para empezar, según los propietarios, el inmueble al que accedió la peña en 2014 “nunca estuvo en estado de ruina”. La vivienda, que había funcionado como carpintería durante años -su dueño es ebanista jubilado- fue alquilada de forma totalmente legal. Además, sostiene la familia que el alquiler se mantuvo durante todo este tiempo en “una cantidad simbólica”, sin que se produjera incremento alguno en el importe a pesar del paso de los años.

Sin embargo, el contrato permite a la familia propietaria, anunciando con bastante antelación, la no renovación del contrato que existía vigor. En este ámbito, el portavoz remarca que se ha dado un plazo de cinco meses para que la peña abandonara las instalaciones, además del mes en curso, cuando ya han accedido a hacerlo. El portavoz recalca que el matrimonio propietario, ya de edad avanzada, pretende la venta del inmueble, sin más pretensión que la de garantizar una calidad de vida digna en su última etapa.

Respecto a las acusaciones de una posible especulación o uso turístico del inmueble, la familia lo desmiente tajantemente. “No queremos convertirlo en una vivienda turística ni nada por el estilo. Lo único que se ha buscado es venderlo al precio que estipula la Junta de Andalucía para poder cubrir los costes”, asegura el portavoz. Añade que incluso ofrecieron a la propia peña la opción de compra en primer lugar y que uno de los peñistas efectivamente hizo una propuesta, pero que ésta se encontraba por debajo del mínimo requerido por los propietarios.

Sobre la relación con la peña, la familia lamenta haber tenido que recurrir a vías legales para solicitar el desalojo del local, después de más de un año intentando dialogar. “Se les notificó con cinco meses de antelación, y después se les concedió otro mes más, todo documentado mediante burofax y cartas certificadas”, explican. También afirman que actualmente no existe contrato en vigor y que, pese a todo, han seguido mostrando buena voluntad al permitir que se use la fianza para cubrir el último mes.

Por último, el portavoz cuestiona la actitud del presidente de la peña, de quien afirma que “ha sido informado personalmente en varias ocasiones” y que “ha intentado desentenderse de sus responsabilidades”. En contraposición, reconoce la actitud respetuosa de un miembro de la peña que sí ha intentado mediar y realizar una oferta de compra dentro de sus posibilidades, pero muy por debajo del precio mínimo estipulado por el tasador contratado.

La familia sostiene que solo ha pretendido desde el principio de las negociaciones, llegar al mejor puerto posible, con el menor agravio posible para los peñistas. Sin embargo, lamentan que la entrega del inmueble, que ha tenido lugar en los últimos días, ha supuesto “un nuevo agravio”. Denuncian que los anteriores arrendatarios han dejado el espacio “lleno de suciedad -colillas, botellas y desperdicios alimentarios-”, habiéndose llevado “enchufes, lámparas y apliques”.