La Junta anuncia actuaciones en más de 1.000 viviendas del barrio de Santuario en Córdoba

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio actuará en más de un millar de viviendas de la barriada Santuario de Córdoba. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha informado de la inclusión de esta barriada de la capital cordobesa dentro de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRUs), con una inversión de 3,9 millones de euros que se centrará sobre todo en la instalación de ascensores y la mejora de las cubiertas.

La elevada edad media de los habitantes de esta barriada y la mala accesibilidad de la mayoría de edificios, que no cuentan con ascensores, fue la causa principal por la que el Ayuntamiento de Córdoba presentó su propuesta de delimitación de área. El coste total de la obra es de 3.980.827 euros, de los que este programa subvenciona un 75 por ciento, mientras que el resto corresponde al Ayuntamiento de Córdoba.

Marifrán Carazo prevé que se actúe en 1.016 viviendas. La propuesta de actuación consistiría principalmente en instalación de ascensores en unos 42 bloques para 668 viviendas, mientras que otros 22 bloques con 348 viviendas se procedería a la renovación de cubiertas.

La consejera ha puesto el acento en que las actuaciones se van a desarrollar en “barriadas muy necesitadas, donde se ha invertido poco con los anteriores gobiernos y cuyos edificios presentan un grado de conservación muy deficiente”. En ese sentido, ha recordado que es la primera vez que en Andalucía se lanza una convocatoria para la rehabilitación de barriadas a través de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. En el conjunto de Andalucía, la inversión se aproxima a los 45 millones de euros, en los que se prevé intervenir en torno a 3.100 viviendas.

El programa de las ARRUs forma parte del vigente plan de vivienda Plan Vive en Andalucía. Financia y abarca un importante abanico de actuaciones. Entre ellas se encuentran desde aquellas dirigidas a la mejora del estado de conservación de los inmuebles (arreglo de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías); la mejora de la accesibilidad, como la eliminación de barreras arquitectónicas o la instalación de ascensores, o la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad (obras de envolvente

térmica en edificios, instalación de sistemas de calefacción o refrigeración o nueva iluminación LED en zonas comunes).

La consejera prevé que las obras se puedan desarrollar a mediados del próximo año, una vez que se complete el proceso de tramitación. Tras la delimitación de las áreas, que se publicaron en el BOJA del pasado 8 de julio, ya se trabaja en los acuerdos bilaterales que se deben firmar con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para cada área (previstos para septiembre-octubre) ya que estas ayudas se enmarcan en el Plan de Vivienda estatal. Una vez firmados los acuerdos, se publicarán las convocatorias para que las comunidades de vecinos de dichas áreas soliciten las ayudas. Los ayuntamientos serán entidades colaboradoras y nexo de unión con los vecinos en la gestión de solicitudes y en la entrega y distribución de las subvenciones a las entidades y personas beneficiarias.

Petición de fondos europeos para vivienda

Marifrán Carazo se ha propuesto extender este programa de rehabilitación integral a otros barrios de Andalucía, pero para ello, ha advertido, “es necesario un reparto justo y equitativo de los fondos europeos Next Generation”. “El dinero anunciado por el Ministerio para Andalucía son sólo 199 millones de euros del total de 1.151 millones del programa de rehabilitación para la recuperación económica”.

La consejera no sólo ha cuestionado la cuantía, sino también el porcentaje de ayuda previsto, que ha considerado insuficiente y más en un contexto de crisis económica. “Se confía hasta un 60 por ciento del coste de la actuación a los propietarios en una difícil coyuntura económica”, ha señalado. Por último, ha solicitado más celeridad, ya que, aunque son fondos correspondientes al presupuesto de 2021, no se ha aprobado aún el decreto para su aplicación, que se prevé, en principio, para el mes de septiembre.