El juez del 'caso Infraestructuras' pide a la Policía que investigue a las empresas adjudicatarias de los contratos

Ciudad de la Justicia de Córdoba | ÁLEX GALLEGOS

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, que ostenta el denominado 'caso Infraestructuras' por el que se investiga la posible comisión de varios delitos en contratos de este área del Ayuntamiento de Córdoba durante 2020, ha solicitado a la Policía que investigue a las empresas adjudicatarias de dichos contratos, con el objeto de esclarecer posibles coincidencias y vínculos familiares, así como su actividad o inactividad.

En el 'caso Infraestructuras' el juez ya ha imputado a dos cargos del Consistorio -la excoordinadora general de este área y un funcionario-, por supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos. Además, el juez también investiga un posible delito de malversación de caudales públicos a cuenta de dichos contratos, que suman un total de 42 expedientes objeto de la investigación judicial. Sobre ellos, la Fiscalía halló inicialmente indicios de estos presuntos delitos, con troceo de contratos, documentos falsos y vínculos familiares en las adjudicaciones.

Ahora, en un auto fechado el pasado 13 de mayo adelantado por Diario Córdoba y al que ha tenido acceso este periódico, el juez señala que, ante el avance de la investigación “resulta especialmente trascendente poder comprobar la posible existencia de vinculaciones entre los distintos contratistas que pudiera estar detrás de las sospechas manifestadas en el escrito de denuncia del Ministerio Fiscal, y que se hacen eco de las mismas sospechas referidas en el informe del servicio jurídico del Ayuntamiento de Córdoba”.

Por ello, determina que la Policía Judicial “realice las oportunas averiguaciones a los efectos de poder determinar la existencia de connivencias entre las distintas empresas adjudicatarias o invitadas a alguno de los contratos menores gestionados durante el año 2020 por el investigado”, en relación al funcionario imputado.

Solicita que desde la Comisaría de Policía de Córdoba se informe, tras las oportunas averiguaciones, en relación con el listado de empresas adjudicatarias de contratos de obra menor e invitadas para presentar presupuestos en los mismos, sobre los siguientes extremos: coincidencias de persona física empresario individual administrador, socios, domicilio social o sede efectiva de la sociedad que pudieran apreciarse entre adjudicatarios o invitados a presentación de presupuestos; relaciones de parentesco que pudieran existir entre persona física empresario individual administrador o socios de alguna de estas empresas con la persona física empresario individual, administrador o socios de alguno de dichos adjudicatarios o invitados a presentación de presupuestos; si entre la lista de adjudicatarios o invitados a presentación de presupuestos consta alguna empresa que estuviera inactiva durante el ejercicio 2020 o con evidentes signos de inactividad; y si llegó a existir algún tipo de coincidencia entre las personas empleadas entre dichos adjudicatarios o invitados a presentación de presupuestos.

Asimismo, el juez solicita a la Policía que “se realicen las oportunas indagaciones para confirmar si, en relación con obras de alumbrado de la Avenida de Libia, a finales del año 2020 o en fecha inmediatamente posterior, se produjo alguna sustracción de cableado, fuera o no objeto de denuncia, y si alguna de las empresas contratistas hubo de levantar zanjas para reponer el cableado sustraído”. Los contratos de la avenida de Libia fueron los primeros en ser denunciados públicamente y en la Fiscalía por IU y Podemos, al hallar indicios de falsedad documental y posible troceo de contratos. La investigación de la Fiscalía posterior llevó el caso al juez de Instrucción que ahora investiga el caso y que ha imputado a las dos personas que permanecen en calidad de investigadas.

Cabe destacar que en el auto del juez se señala que es la representación legal del funcionario imputado quien ha solicitado la práctica de diligencias de investigación referentes a los contratos.

Por otra parte, el juez ha llamado a declarar en calidad de testigos al responsable del Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba, que advirtió sobre presuntas irregularidades en algunos de los contratos investigados, así como a otro funcionario del área de Infraestructuras cuya declaración quedó pendiente de la anterior citación el día que se escuchó en sala al exdelegado de Infraestructuras, David Dorado. Ambos deberán acudir ante el juez el 23 de junio.

'Caso Infraestructuras'

El juez José Luis Rodríguez Lainz asumió el 'caso Infraestructuras' y a finales de enero firmó un auto de apertura de diligencias en el que cita como investigados tanto a la excoordinadora de Infraestructuras como a un funcionario del área. El juez atendía así el escrito presentado por la Fiscalía Provincial de Córdoba de noviembre de 2021, que halló indicios de presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.

El 'caso Infraestructuras' fue denunciado en mayo de 2021 en un primer momento por Izquierda Unida (IU) y Podemos ante el juzgado por hallar indicios de tres posibles delitos: fraccionamiento de contratos, falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de contratos menores del este área municipal correspondientes al año 2020. El objeto de aquella primera denuncia fueron 21 contratos menores, por un montante global de unos 600.000 euros. A ello se sumó el contenido de un informe con información reservada del Ayuntamiento que completó los expedientes que se investigan.

La Fiscalía vio indicios de delito y dio traslado al juzgado decano para el reparto y la posterior apertura de diligencias. Y apuntó a un técnico del Ayuntamiento y a la coordinadora general de Infraestructuras como responsables de esos supuestos delitos. Posteriormente, ambos han sido imputados por el juez en este caso.

En el plano político, la coordinadora general de Infraestructuras -un cargo designado por Ciudadanos- fue cesada y el concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, acabó perdiendo las competencias de este área y otras del gobierno municipal que ostentaba.

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