Una dimisión, una comisión de investigación y un concejal sin competencias: la factura de Cs al gobierno local

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), compareció este miércoles para dar cuenta de la última remodelación en el cogobierno municipal de PP y Ciudadanos (Cs) -la cuarta en este mandato-, con la que cerrar el capítulo de responsabilidades políticas después de que la Fiscalía haya detectado indicios de delitos de prevaricación y falsedad documental en contratos hechos en el área de Infraestructuras en 2020. Al frente de este área, estaba hasta ahora el concejal David Dorado (Cs), que queda apartado de toda responsabilidad y competencias en el gobierno municipal, si bien seguirá como edil liberado y viceportavoz del grupo naranja. Él ha sido el último concejal de Ciudadanos en estar en el ojo del huracán en los dos años y medio de mandato: entre los cinco integrantes del grupo municipal, ya ha habido una dimisión, una comisión de investigación y, ahora, el cese de competencias de este concejal.

El PP y Ciudadanos conformaron en 2019, tras las elecciones municipales, el gobierno al frente del Ayuntamiento de Córdoba, aunque en minoría en el Salón de Plenos: 9 concejales populares y 5 naranjas, frente a 15 de la oposición. Los votos de los dos concejales de Vox fueron necesarios para hacerse con la Alcaldía y aprobar presupuestos y ordenanzas fiscales en años posteriores. Por eso, la estabilidad del gobierno municipal ha sido siempre un punto clave para mantener el timón de Capitulares. Y los distintos escándalos protagonizados por los concejales del socio minoritario, Ciudadanos, han jalonado hasta ahora el recorrido de este mandato municipal.

Entre los cinco concejales naranjas que formaban parte del equipo de gobierno que echó a andar en junio de 2019, una de ellos, Eva Timoteo, dejó su acta de edil en febrero de 2021 después de conocerse que había estado compaginando su actividad privada como procuradora con su cargo público, sin tener el permiso del Pleno ni haberse votado tal compatibilidad. A principios de ese mes, IU destapó esta irregularidad, la propia Timoteo y el gobierno municipal se defendieron diciendo que no había ocultado su actividad privada, que era compatible con la función pública, se pidieron informes técnicos sobre su situación y, después de reiteradas peticiones de dimisión por parte de la oposición, la concejala asumió “el error” de no haber pedido la compatibilidad de actividad en el Pleno y dejó su acta. El Ayuntamiento abrió un expediente para determinar qué cantidad de dinero debía devolver a las arcas públicas, cifra que se estimó en 70.000 euros, ante lo que la exconcejala presentó recurso y aún está por determinar cuánto dinero y cuándo debe ingresar al Consistorio.

Un año antes, en febrero de 2020, la dimisión de la entonces gerente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), María Luisa Gómez Calero, ponía en el disparadero al presidente del organismo, otro concejal de Ciudadanos: Manuel Torrejimeno. Gómez Calero lo acusaba de darle instrucciones “que podrían rozar la ilegalidad”, a través de un correo electrónico en el que le instaba a tomar una serie de medidas o a renunciar a su puesto. El asunto fue llevado a los tribunales por Torrejimeno, quedando archivado pero, sin embargo, retrasando cualquier toma de decisión política en el Ayuntamiento mientras el tema estuviera judicializado. Finalmente, en febrero de 2021, tras reiteradas peticiones de dimisión por parte de la oposición y de exigir explicaciones de lo ocurrido también desde Vox -el grupo que sostiene al cogobierno-, este accedió a abrir una comisión de investigación para depurar responsabilidades por parte de Torrejimeno.

Las carambolas del juego político y las listas electorales hacían que, tras la dimisión de Timoteo, la siguiente en la candidatura de Ciudadanos para entrar en su lugar fuera, precisamente, María Luisa Gómez Calero, después de haber dimitido como gerente del Imdeco y enfrentada a Torrejimeno. El gobierno municipal trató de que su entrada como nueva edil no alimentara un enfrentamiento interno dentro del grupo de Cs y del propio ejecutivo local, otorgándole un área que estaba antes en manos de los populares: la delegación de Casco Histórico.

Troceo de contratos, vínculos familiares y prevaricación

Mientras se abría la comisión de investigación sobre Torrejimeno, otro escándalo salpicaba a un nuevo concejal de Ciudadanos: IU denunciaba en febrero de 2021 presuntas irregularidades en contratos del año anterior del área de Infraestructuras, al frente de la que estaba David Dorado. Esas denuncias públicas fueron llevadas a la Fiscalía por IU y Podemos en el mes de mayo y, un mes después, acompañadas de un informe de la Asesoría Jurídica municipal -encargado por el propio gobierno municipal-, en el que se certificaban las sospechas de dichas irregularidades. El pasado 18 de noviembre, se conocía que la Fiscalía había visto indicios de delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos de Infraestructuras investigados y lo elevaba al juzgado para que abriera una investigación. El Ministerio Fiscal apuntaba directamente a la vinculación de dos personas -un técnico de Infraestructuras y la coordinadora general del área (cargo político nombrada por Cs)-, con los indicios de delito detectados, con irregularidades como troceo de contratos y vinculaciones familiares en las adjudicaciones.

La oposición en bloque ha pedido desde entonces la dimisión y asunción de responsabilidad política por parte de Dorado, al frente del área donde se han realizado presuntamente dichos delitos. El escrito de la Fiscalía señala que fue Dorado quien nombró al técnico bajo sospecha para que se hiciera cargo de los contratos, si bien el concejal de Cs no está investigado ni imputado actualmente.

Ante esta situación, el alcalde y el gobierno municipal han defendido que David Dorado quede apartado de toda responsabilidad en el gobierno municipal, si bien se mantiene como concejal liberado en el grupo de Ciudadanos, donde ostenta la viceportavocía. Sus responsabilidades -en Infraestructuras, Medio Ambiente y en la presidencia de Sadeco- han sido distribuidas en el nuevo reparto de competencias anunciado por Bellido este mismo miércoles. Mientras, sí ha sido cesada en su cargo la coordinadora general del área.

El gobierno municipal, con el alcalde al frente, quieren cerrar así este episodio que afecta de nuevo y de lleno a Ciudadanos. La oposición ya ha lanzado sus críticas pidiendo el cese total de Dorado e incluso la ruptura del PP con Cs en el gobierno de la ciudad. Y está por ver qué deparará esta nueva situación del concejal sin competencias en el equipo de gobierno, a la espera de lo que la investigación en los juzgados arroje sobre el caso de los contratos de Infraestructuras.

Y, de fondo, todos los grupos de la oposición ya llevan meses pidiendo responsabilidades también a otra concejala de Cs, su portavoz, Isabel Albás, por su gestión al frente de Turismo y el Instituto Municipal de Turismo (Imtur). Incluso, desde Vox, tras reiteradas críticas se ha pedido la disolución de este organismo municipal, a la vez que han denunciado la existencia de facturas y gastos sin desglosar del evento Kitchen dentro de Fitur, organizado por el Imtur. En concreto, anunciaba la interposición de una demanda contra el Instituto Municipal de Turismo tras detectar hasta 35.000 euros en facturas fraccionadas y “sin justificación documental” relativas a dicho evento celebrado en mayo pasado en Madrid.