El Ayuntamiento tendrá que acelerar para no perder el dinero de los Edusi al rechazar el Gobierno la prórroga

El Ayuntamiento tendrá que acelerar si no quiere perder parte de los 18 millones de euros de los fondos Edusi que consiguió tras presentarse a un programa europeo. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba pidió al Gobierno (al igual que otros consistorios españoles agraciados con estos fondos europeos) que ampliara el plazo de finalización de los proyectos. Con la normativa en la mano, el Ayuntamiento tiene que tener gastados y justificados esos 18 millones de euros para el 31 de diciembre de 2022. El Consistorio pidió un año de prórroga, pero el Gobierno no la ha concedido, según consta en una respuesta parlamentaria a preguntas de la senadora del PSOE María Jesús Serrano.

A finales de marzo, la teniente de alcalde de Desarrollo Económico, Blanca Torrent, hizo balance de la ejecución de los fondos Edusi y ya entonces anunció que se había pedido una prórroga. Entonces, Torrent señaló que se estaban ejecutando (o habían concluido) 12 de los 26 proyectos presentados. Quedaba pendiente, por tanto, más de la mitad. Esos 12 proyectos suman una inversión total de 6,33 millones de euros. El programa concedido es de 18 millones de euros en total.

Los fondos Edusi son una actualización de los Feder. Técnicamente son para el desarrollo sostenible, acciones de los ayuntamientos para mejorar la vida de sus vecinos con obras que además luchen contra el cambio climático. Ahora mismo, con los fondos Edusi, por ejemplo, se está construyendo el Parque de Levante, se está interviniendo en El Patriarca o se está mejorando el entorno urbano del polígono industrial de Amargacena. También se trabaja en la mejora de la administración electrónica municipal, en una mayor eficiencia de la concesión de licencias urbanísticas o en la implatantación de un sistema de información geográfica municipal. Aparte, se financia la obra de reforma del eje Realejo-San Lorenzo, la de las viviendas públicas para centro cívico en la plaza de San Agustín, la rehabilitación de un patio en Las Moreras, el proyecto de la cocina de La Foggara o el centro de emergencia habitacional en el antiguo hospital militar.

Pero los proyectos Edusi presentados eran mucho más ambiciosos. Así, aún no se han desarrollado 14 proyectos. Entre ellos están la construcción de nuevos carriles bici, la de una planta solar fotovoltaica para autoabastecimiento municipal de 10 kw de potencia, la obra para acceder desde Capitulares a los Jardines de Orive (ya en contratación), la vía verde a Cerro Muriano (en contratación también), la recuperación del histórico camino de la Alameda del Obispo, obras en el parque de El Tablero o actuaciones para acabar con la contaminación acústica en varios puntos de la ciudad.

Además, hay un gran proyecto para la mejora de residuos en Sadeco, la creación de un sistema de venta online en los mercados municipales o el proyecto para que Córdoba sea un destino turístico inteligente, entre otras iniciativas.

Europa revisa la ejecución de estos fondos de manera anual. En caso de que expire el plazo y no se hayan desarrollado algunas de las actuaciones previstas se tendrá que devolver el dinero. Esto es algo que ya ha ocurrido con el Plan Turístico de Grandes Ciudades, en este caso financiado por la Junta de Andalucía y que sí que fue prorrogado hasta en tres ocasiones.

“El régimen de concesión de ayudas en concurrencia competitiva por el cual se eligieron las Edusi en las tres convocatorias publicadas, se asienta en una serie de principios jurídicos que garantizan la objetividad y legalidad de los actos administrativos de concesión”, señala el Gobierno como argumento para rechazar la prórroga, en la respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso este periódico. “Las entidades beneficiarias de las Edusi concurrieron a las ayudas con otras que finalmente no fueron seleccionadas en base a los criterios prefijados por el órgano concedente”, por lo que “modificar esos requisitos actualmente supondría una lesividad al principio de objetividad y seguridad jurídica que rige la concesión de subvenciones”, finaliza el Gobierno.