El Ayuntamiento de Córdoba duda de que pueda cobrar la multa urbanística de 20 millones a Sandokán, la más alta de España

La multa urbanística más alta jamás impuesta en España y una de las más grandes de toda Europa (solo superada recientemente por el beach club Principote de Mykonos, en Grecia) es bastante probable que no se cobre jamás. El Ayuntamiento de Córdoba ha incluido en un informe todas las deudas “de dudoso cobro” que viene arrastrando desde el año 2000. En total, son 55 millones de euros pendientes de cobro que el Área de Hacienda entiende que es muy difícil que algún día lleguen a liquidarse.

Dentro de esos 55 millones de euros destaca los 20 millones de multa que el Ayuntamiento de Córdoba impuso al constructor Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán. En el año 2005, el empresario amplió las instalaciones de una antigua cooperativa láctea de Córdoba (Colecor) junto a las ruinas de Medina Azahara. El suelo ya estaba catalogado como de especial protección y era no urbanizable. Aún así, Sandokán levantó 40.000 metros cuadrados de naves industriales con el objetivo de abrir una enorme superficie comercial en la que pretendía vender productos importados de China con una marca propia.

Las obras no se llegaron a precintar pero el Ayuntamiento sí que impuso una enorme sanción urbanística. La multa alcanzó los 24 millones de euros pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rebajó el importe a los 20 millones. Sandokán se negó a pagar la multa. No solo esta, sino el resto de sanciones que le impuso el Ayuntamiento por numerosas obras irregulares en toda la ciudad: Carrera del Caballo o Villarrubia, entre otros lugares. En total, se llegó a estimar que Rafael Gómez, a través de sus múltiples empresas, le debía al Ayuntamiento unos 40 millones de euros por multas urbanísticas. No consta que haya abonado euro alguno.

Empresario, constructor y político

Rafael Gómez Sánchez ha sido un empresario, constructor y joyero muy conocido. Su apodo se lo debe a su parecido físico con el actor Steve Reeves, protagonista de las dos películas sobre Sandokán, el personaje de Emilio Salgari, que se llevó al cine en los años sesenta. Gómez se llegó a presentar a las elecciones, después incluso de haber sido detenido en la operación Malaya y de saberse que le debía 40 millones en multas al Ayuntamiento y prácticamente otros 200 millones más a Hacienda por impagos a la Agencia Tributaria. Se convirtió en líder de la oposición y recibió más de 25.000 votos, superando incluso a Izquierda Unida, que hasta entonces gobernaba la ciudad.

Sandokán tuvo un imperio inmobiliario previo a la crisis del ladrillo en el que dio empleo a miles de trabajadores. Construyó en la Costa del Sol hasta que estalló el caso Malaya. Antes del estallido de la crisis del ladrillo y a causa de Malaya, vendió parte de su patrimonio inmobiliario al grupo Tremón, con quien sigue litigando por la titularidad de grandes bolsas de suelo, como las del famoso Tívoli. Fue condenado, pero no entró en prisión por esta sentencia, sino por otra instalada por la propia Agencia Tributaria, por un impago también de unos 20 millones de euros. La condena fue a cinco años de cárcel, de los que estuvo en prisión algo más de un año. El resto fue en libertad vigilada.

El grueso de las sanciones de “dudoso cobro” del Ayuntamiento de Córdoba son las que se incluyeron en el ejercicio fiscal de 2014. Ese año se declaró firme la multa de Colecor. En total, son 26 millones las pendientes de 2014. Sanciones urbanísticas, algo más de 21 millones.

Hasta el año 2012, las multas urbanísticas del Ayuntamiento de Córdoba iban a una caja común. El objetivo, según un informe del propio Ayuntamiento, era evitar transferencias y gastos financiados con unos recursos que pudieran no llegar a recaudarse, como el caso de la multa por la construcción de las naves, aunque no solo. Durante los años de la eclosión del fenómeno parcelista se acumularon las sanciones, que en muchos casos nunca se llegaron a cobrar.

Así, hace justo diez años se estableció un sistema por el que año a año se transfería a la Gerencia desde el Ayuntamiento el dinero efectivamente recaudado. El dinero recaudado se destinaba a financiar la compra de suelo. Pero desde ese cambio, se ha recaudado poco.

Según el informe de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, desde 2000 se han impuesto multas que han generado deudas “pendientes de cobro” por un importe total de 117 millones de euros. De ese total, se considera que son de “dudoso cobro” 55,5 millones de euros. El documento da por perdidos los pagos de todas las sanciones “pendientes de cobro” previas al ejercicio de 2019.

Con este documento, el equipo de gobierno tendrá que tomar una decisión. Si se considera que ese dinero no se va a poder cobrar, habrá que ajustar los presupuestos del Ayuntamiento, aunque probablemente para los próximos ejercicios fiscales.