La Abogacía del Estado se niega a indemnizar a la víctima de una agresión policial como dicta la ONU

Imagen facilitada por APDHA de la mujer presuntamente víctima de torturas por la Policía.

En 2013, Encarnación (nombre ficticio) se vio involucrada en una agresión por la Policía Nacional en Córdoba que le llevó contra su voluntad a comisaría de la ciudad. Este fue el principio de un largo proceso judicial en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha llegado a condenar a España a indemnizar a la víctima.

Hace casi diez años, la cordobesa fue sorprendida por los agentes en la estación de trenes, donde le revisaron su bolso y, al encontrar una cartera que no era suya, decidieron llevársela a comisaría, sin antes haberle informado de sus derechos. Algo que denunciaría más tarde, además de la tortura.

“Luego, antes de introducirla en un coche, la esposaron sin notificarle por qué la arrestaban, le tiraron del pelo y la golpearon contra el canto de la puerta del coche”. Así lo detalla el informe del Comité Contra la Tortura de la ONU, en el que se describe además que de camino a comisaría, “los policías frenaban súbitamente para que la autora golpeara su cabeza contra la mampara separadora del vehículo, riéndose cada vez que lo hacía”. Al salir de comisaría, la víctima tuvo que llamar a una ambulancia ya que salió con la nariz fracturada.

En enero del 2014, el caso fue archivado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba y cinco meses más tarde la Sección Tercera de la Audiencia Provincial realizó el mismo procedimiento, archivando también el caso “a pesar de que no dudaba de la certeza de la fractura de los huesos nasales de la autora, las declaraciones de otros policías que fueron testigos esa noche y de los fotogramas de las cámaras de seguridad que constatan que la autora no presentaba lesiones visibles a la entrada y a la salida de la comisaría”.

Fue en este punto cuando la víctima, ayudada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Córdoba, presentó un recurso de amparo constitucional que también se fue inadmitido. Tras esto, llegaron hasta el Comité de Tortura de la ONU que “supervisa y vigila que los derechos de la convención se respeten”, ha explicado a Cordópolis Valentín Aguilar, miembro de la Asociación que ha seguido el transcurso del caso.

Las Naciones Unidas emitieron un dictamen donde estimaron que se habían vulnerado los Derechos y la integridad física de la víctima. Por esto, decidieron poner un procedimiento contencioso administrativo ante la audiencia nacional, que no ha respetado lo que ha dictado las Naciones Unidas, tras condenar a España.

Finalmente, según ha señalado Aguilar, han intervenido el abogado del Estado, quien no ha respetado a la ONU y ha seguido el criterio de los organismos nacionales. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sí ha respetado lo que han dicho las Naciones Unidas. Actualmente, se encuentran pendientes de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el documento emitido.

La condena de Naciones Unidas a España

Por su parte, según ha detallado Aguilar, Naciones Unidas obligó a las autoridades españolas a proporcionar a la denunciante una reparación total de los daños que la agresión le causó. Además de una indemnización por los daños materiales y morales.

Por otro lado, exigía que el Estado adoptase “las medidas necesarias” para instruir a los agentes policiales para evitar otros acontecimientos similares en un futuro. Sin embargo, lo único que actualmente pueden reclamar a través de la Audiencia Nacional es la reparación económica establecida. Así lo ha señalado Aguilar.

La víctima, se encuentra tras casi diez años de lo ocurrido, ha indicado Aguilar, “muy cansada porque es un procedimiento desesperante”, aunque “contenta” porque no se ha dejado de lado su caso y la Fiscalía sí quiere compensar el daño sufrido.

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