Lara declaró a la Guardia Civil que hacía caso a los técnicos

La lucentina, exdirectora general de Formación para el Empleo de la Junta está acusada de tres delitos tras su detención en la operación Barrado: prevaricación, malversación y fraude de subvenciones

La exdirectora general de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía y exconcejala del Ayuntamiento de Lucena por el PSOE, María José Lara, se negó a declarar ante la jueza de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, cuando fue arrestada el pasado 24 de marzo en el marco de la operación Barrado, que investiga la responsabilidad de altos cargos de la Junta de Andalucía en la concesión de fondos públicos para cursos de formación. No obstante, sí que declaró ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el cuartel del instituto armado de Montequinto (Sevilla), al que fue trasladada horas después de su arresto.

Según consta en las diligencias policiales, a las que ha tenido acceso este periódico, María José Lara respondió tanto a los agentes de la Guardia Civil como a su propio abogado. Así, en el interrogatorio y a preguntas de su letrado, aseguró que siempre hacía caso a lo que los técnicos de su dirección general de Formación le decían. De esta manera, en las diligencias policiales consta que su abogado le preguntó por si “se paraba en algún momento a reevaluar los informes de los técnicos”. Lara respondió que ella “no tiene la capacidad para rebatir aspectos técnicos ni reevaluaba los informes de los expertos”. Además, afirmó que a su despacho los técnicos “le entregaban todo preparado para la firma” y que solo “en algunas ocasiones” le explicaban “algún caso concreto verbalmente”.

María José Lara fue puesta en libertad con cargos por la jueza Alaya. Lara sigue imputada por supuestos delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones. La Fiscalía, en el auto de libertad, solicitó una fianza como responsabilidad civil de 2,1 millones de euros, no un millón como se llegó a informar en primera instancia.

María José Lara fue directora general de Formación para el Empleo entre mayo de 2008 y mayo de 2009. Según la Guardia Civil, durante su mandato “habría contribuido al mantenimiento de gestión de subvenciones para la formación que implicaba indiciariamente un reparto arbitrario de los fondos públicos, de forma que en virtud de una actuación concertada y coordinada tanto a nivel central como provincial permitiría, a sabiendas de su injusticia y del daño que se podía causar al erario público, múltiples incumplimientos de la normativa legal”. Además de directora general, Lara era la presidenta de los consorcios públicos Ciomijas en Málaga y Formades en Almomente, también implicados en la investigación de la operación Barrado.

De hecho, el grueso de las acusaciones de la Guardia Civil y su principal implicación en la operación Barrado se debe a su actuación como responsable de estos dos consorcios. Los agentes, en su extenso escrito de acusación que acompaña a su declaración enviada a la jueza Alaya, describen hasta ocho irregularidades en la gestión de estos fondos públicos. Así, aseguran que no constan en ningunas de las subvenciones concedidas entre 2008 y 2009 actas de revisión que evidencien que se comprobó la documentación que se entregaba para solicitar las subvenciones. La Guardia Civil asegura que tampoco se realizó ningún tipo de valoración técnica y que para determinar el dinero que se concedía el único criterio que se usaba era el de la disponibilidad presupuestaria. De esta forma, “se otorgaba siempre el 100% del coste de los proyectos sin efectuar valoración alguna de los mismos”.

Además, los agentes de la Guardia Civil aseguran que “ni las propuestas de resolución ni las resoluciones aprobadas” que firmaba María José Lara “estaban motivadas” por lo que su concesión “presuntamente” era arbitraria. Además, los agentes creen que en su dirección general se instaló como norma el retraso en tres meses o 20 días en el pago de estas subvenciones. Los guardias civiles sostienen que así se aplicó de forma generalizada, “y no con carácter excepcional y motivado, la figura de la exoneración, por la cual se proponía el pago de subvenciones a los beneficiarios a pesar de que tenían justificaciones pendientes”.

Los agentes también detectan irregularidades en otros dos consorcios: San Fernando y Cádiz. También se achaca a Lara que siendo presidenta de los consorcios de Mijas y Almonte no se justificara, precisamente, el gasto a cargo de las subvenciones concedidas. Es más, en el caso de Almonte los guardias civiles señalan que hay falta de documentación en los expedientes. Los agentes señalan que en estos dos consorcios se concedían fondos de formación para pagar gastos que no eran subvencionables. En Almonte, siendo Lara presidenta, se llegó a pagar con dinero público los caramelos de la cabalgata de los Reyes Magos y el patrocinio de un equipo de fútbol, por ejemplo.